La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha fallado a favor de la liberación de personas condenadas por delitos relacionados con el crimen organizado. Este dictamen ha suscitado malestar en algunos sectores de la sociedad.
Por Gabriel Infante / Fuente: Radio Nederland
La Primera Sala de la SCJN, ordenó, a primeros de noviembre, la inmediata liberación de Israel Alzarte Meléndez, acusado de haber participado en la masacre perpetrada en enero de 2010 en la Colonia Villas de Salvacar en Ciudad Juárez, donde un comando armado irrumpió en una fiesta y asesinó a 15 jóvenes e hirió a 10.
Este crimen horrorizó a los juarenses y a todo el país. Además desató indignación, no únicamente por lo cruento que fue, sino porque el entonces presidente Felipe Calderón y autoridades del estado de Chihuahua tuvieron el enorme desatino de vincular la masacre a enfrentamientos entre pandilleros, retractándose horas después.
La decisión de los ministros de la SCJN se debe en parte a que la declaración auto incriminatoria de Israel Alzarte tuvo lugar ante militares y no ante la autoridad civil. Además, Alzarte había sido torturado durante 30 horas, como informa el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
Ante esta decisión, las reacciones de los padres de las familias de las víctimas no se hicieron esperar. Blanca Estela Camargo, madre y tía de dos de las víctimas declaró a Milenio Diario: “no dudo que haya sido torturado, pero ese no es mi problema, si por unos golpes hace tanto relajo, qué cree que deba de hacer yo. Le cambio mi lugar, que sea yo la de la tortura y él el de los muertos, a ver a quién le pesa más”.
El caso de Israel Alzarte no dista mucho de otros casos emblemáticos como el de Antonio Zúñiga dado a conocer en el polémico documental Presunto Culpable o la del controvertido caso de la ciudadana francesa, Florence Cassez, acusada de participar en el secuestro de tres personas. Todos estos casos están llenos de irregularidades, omisiones, contradicciones, violaciones al proceso y a los derechos humanos, algo que vemos una y otra vez en la Justicia mexicana. Alzarte no sólo fue torturado por militares para auto-incriminarse, sino que su defensa logró demostrar que él se encontraba en otro lugar en el momento que ocurrió la masacre. Por su parte la fiscalía no presentó evidencia suficiente que lo incrimine.
Las reacciones de impotencia y frustración de los padres de familia de las víctimas son comprensibles. Lo peor que le puede ocurrir a cualquier padre es la pérdida de un hijo, y sobre todo la forma cómo murieron. Lo único que quieren es justicia y que los asesinos estén entre rejas. Pero, ¿se hace justicia teniendo a un inocente encarcelado? Como dijo en una ocasión la reconocida periodista mexicana, Anabel Hernández: “por cada inocente en la cárcel, hay un culpable haciendo de las suyas”.
La sociedad mexicana no debe perder de vista que aunque el individuo sea un asesino o un criminal, las autoridades no pueden violar los derechos humanos de nadie. Para eso hay leyes y procedimientos judiciales, el Estado no se puede combatir la criminalidad con criminalidad.
Ante falta de resultados, fabricar culpables
Si bien las deficiencias y fallos en la impartición de justicia es un mal que ha aquejado durante mucho tiempo a México, en los últimos años ha sido más evidente. A partir de la declaración unilateral de guerra declarada por el entonces presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico y el crimen organizado, y ante la falta de una clara y efectiva estrategia, se vio en la necesidad de demostrar a la sociedad mexicana que su gobierno estaba dando resultados.
Mediatizó su guerra al exhibir a presuntos delincuentes ante los medios de comunicación, una clara violación a los derechos humanos y a la presunción de inocencia. O hacer uso sistemático de la tortura y presionar psicológicamente a las víctimas y testigos para incriminar a alguien. Evidentemente, Calderón no iba a poder dar resultados, por lo tanto, lo más sencillo fue fabricar culpables.
De esta manera las sorpresivas liberaciones ordenadas por el máximo tribunal del país no deben resultar extrañas tras el cambio de gobierno que los tenía sujetos bajo presión, por no decir secuestrado.
Algunos dirán, sobre todo la “activista civil”, Isabel Miranda de Wallace —muy próxima al anterior gobierno— y los medios de comunicación, que estas liberaciones de “delincuentes” son el resultado del “efecto Cassez”. Este término insinúa que la Suprema Corte de Justicia de Nación está dejando libre a criminales, no por haber demostrado su inocencia, sino por el hecho de que se les violaron sus derechos humanos. Esto es una acepción errónea.
Al contrario, el caso de Florence Cassez debe marcar un antes y un después en los que respecta a reformar el sistema judicial mexicano. El caso de Florezce Cassez puso claramente de manifiesto lo que no se debe de hacer a la hora de impartir justicia.
Liberar a inocentes utilizados como chivos expiatorios, no debe significar de ninguna manera que los crímenes queden en la impunidad, y es algo que también debe cambiar urgentemente el sistema judicial mexicano, y esto explica parte de la impotencia y frustración de los familiares de las miles de víctimas del crimen en este país.
