(21 de diciembre, 2015).- Organizaciones de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos exigieron a Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por haber detenido arbitrariamente a los defensores de la Tribu Yaqui, quienes durante años han defendido los recursos naturales de la región.
Los integrantes y voceros de la tribu Yaqui fueron criminalizados y encarcelados por defender los derechos del pueblo y cuestionar la construcción y operación del Acueducto Independencia.
Entre los presos políticos se encuentran Mario Luna y Fernando Jiménez, quienes fueron acusados injustamente de los delitos de robo y privación de la libertad por lo que ambos permanecieron en la cárcel por casi un año (1 año, 11 días y 11 meses, 3 días).
La CNDH el pasado 16 de diciembre emitió la recomendación y declaró que se violó el derecho a la libre autodeterminación de los Yaquis y el derecho al debido proceso de detención, dictamen que las organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Fundar, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), exigen que se cumpla en su totalidad.
Lo que significa que debe haber una reparación integral del daño como la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición a nivel individual y grupal.
Por su parte Pavlovich comunicó que la reparación del daño a los voceros yaquis será la indemnización, acción que no se apega a la Ley General de Víctimas la cual dice que la reparación debe ser oportuna, integral, transformadora y plena.
