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“La corrupción del Estado ha retornado viejas prácticas priístas y la criminalización de los activistas”: organizaciones civiles

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(29 de Marzo, 2016).- Diversas organizaciones civiles y activistas aseguraron que “la corrupción del Estado; la reducción de la vida política a un juego de poder, dinero, clientelismo y encubrimiento, y la política de seguridad cada vez más militarizada nos han llevado a una descomposición casi exponencial del país y al retorno a viejas prácticas del priísmo en las que los gobiernos, incapaces de enfrentar la realidad, no sólo la niegan, sino que asesinan o calumnian y criminalizan a quienes develan la tragedia humana que vivimos”.

A través un comunicado oficial, los activistas exigen un alto a la criminalización, calumnias, persecuciones, hostigamientos, torturas, asesinatos y secuestros delos defensores de derechos humanos en el país.

El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), Javier Sicilia, fe uno de los firmantes del texto, así como el sacerdote Alejandro Solalinde, Miguel Sarre, José Antonio Guevara, Clara Jusidman, Pilar Noriega, Jacobo Dayán y Juan Carlos Gutiérrez, y organizaciones como la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez.

Afirmaron que en 2011 se presentaban más de 40 mil ejecuciones y 10 mil desaparecidos y actualmente se reportan más de 200 mil asesinatos y 30 mil homicidios, además de casi un millón de desplazados.

“Si la administración de Felipe Calderón se significó por exaltar la violencia y construir un estado de excepción criminalizando a las víctimas, la de Enrique Peña Nieto se caracteriza por gobiernos que niegan la violencia y la tragedia humana del país, que entierran a las víctimas en el silencio y que asesinan, criminalizan y persiguen a todas aquellas organizaciones y personas que han tomado el camino de la verdad y la justicia” indicaron en el documento los activistas.

“La persecución y calumnia de organizaciones civiles, de defensores de derechos humanos, de relatores de la ONU –como el de tortura, Juan Méndez–, de los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (encargado del caso Ayotzinapa), y del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza” añadió la misiva de los firmantes.

Demandaron a Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong atender los problemas de inseguridad que azotan al país.

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