(03 de diciembre, 2013).- “Descreo, de la democracia, ese extraño abuso de la estadística”, decía Jorge Luis Borges, literato y poeta argentino, asumiendo su indignación en asuntos de la política.
El enunciado de Borges nos abre paso a la numerología política que se ha presentado después de un año de la llegada de Peña Nieto al poder y que muy probablemente iniciará a ser parte del estado de opinión de la ciudadanía ante el inminente intento de aprobación de la reforma energética, el verdadero corazón de las reformas del actual gobierno.
De acuerdo con una encuesta que evaluó el trabajo de Peña Nieto durante el primer año de su gobierno, la encuestadora Parametría reveló que el 55% de los consultados a finales de noviembre aprobó la gestión de Peña Nieto, un nivel inferior al 62% que alcanzó entre abril y junio pasados.
El porcentaje anterior, precisa la encuesta, es el mismo que Peña Nieto había alcanzado al inicio de su mandato hace un año, mientras el índice de desaprobación se ha duplicado.
El nivel de desaprobación ha aumentado de manera permanente desde el 21% con el que inició su administración el 1 de diciembre de 2012 hasta el 42% reportado en noviembre.
Otro punto interesante que mostró Parametría son las opiniones sobre la reforma energética planteada por Peña Nieto, que se encuentra pendiente de aprobación, donde señala que un 53% de los encuestados consideran perjudicial la participación del capital privado en el sector eléctrico, y otro 48 % opinó lo mismo en relación a la industria petrolera. Lo que deja al entendimiento de los ciudadanos, de alguna manera y con una operación matemática sencilla, asumir que un 47% de ciudadanos están a favor de la participación del capital privado en el sector eléctrico y que un 52% de la población apoya la inversión privada en Pemex.
Los resultados presentados son difíciles de creer cuando en las calles de todo el país se ve un rechazo total a las políticas públicas que ha implementado el gobierno de Peña Nieto y, en específico, en lo concerniente a las reformas.
No hay rincón del país que no esté custodiado por fuerzas de seguridad y construido como set de telenovela, donde el titular del actual gobierno federal no reciba rechiflas, insultos, burlas y demás expresiones populares de descontento, indignación y desaprobación.
Además, ¿cómo creer los números que ha presentado la casa encuestadora que el año pasado durante las elecciones presidenciales legitimó al gobierno de Peña Nieto dándole durante todo un año el 20% de ventaja sobre los otros candidatos presidenciales cuando los resultados del Instituto Federal Electoral (IFE) al final de la jornada electoral marcaban un 6% de diferencia? ¿Cómo creer en sus encuestas si hasta uno de los periodistas más reconocidos de la derecha pidió disculpa ante sus televidentes y lectores por haber mentido durante todo un año mediante encuestas realizadas por su casa televisiva al finalizar la jornada electoral? ¿Cómo creer a las casas encuestadoras cuando, en elecciones democráticas, legitiman a quien ellos consideran dignos de llegar al poder?
Un nuevo año de gobierno ha iniciado y con ello debemos de recordar cómo funcionan las encuestas, por qué se realizan y, sobre todo, cuál fue su papel en la decisión de la soberanía popular el año pasado, nuestra memoria inmediata como país.
Las encuestas son instrumentos que no se cuestionan, que se creen infalibles y totalmente desideologizados. Instrumentos que hacen de los análisis complejos –algunas veces fundamentales para comprender los acontecimientos que emergen en el país– tan sólo números a partir de la opinión inmediata y rasa.
Los medios de comunicación hegemónicos contratan los servicios de las prestigiosas compañías encuestadoras a fin de obtener datos que legitimen sus enunciados e imaginación periodística.
Es un juego maquiavélico donde tanto los medios como las empresas encuestadoras obtienen dinero, reconocimiento y poder.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2013 solo el 30.1% de los ciudadanos mexicanos cuentan con una conexión de internet, mientras que el 85.5% cuentan con servicio telefónico. Dato curioso, pues las encuestas usualmente nutren sus porcentajes a través de estos medios, conductos que muy probablemente no son usados por los más de 53 millones de personas en estado de pobreza que viven en nuestro país.
