La reciente disputa entre Anthropic y el Pentágono por un contrato del uso de su tecnología de Inteligencia Artificial, IA, no es solo un episodio local; resuena en todo el mundo, incluso en México.[1] Lo que está en juego es quién controla tecnologías cada vez más poderosas: ¿ingenieros éticos o los gobiernos? En Estados Unidos, el Departamento de Defensa exige usar la IA para todo uso lícito en operaciones militares, mientras Anthropic impone algunos principios de uso responsable, como por ejemplo, prohibir vigilancia masiva y armas autónomas. Esta tensión encarna el choque entre las promesas de Silicon Valley y las urgencias del Estado. Los reguladores de México observan con atención: si la IA militar o policíaca se convierte en infraestructura crítica, ¿qué papel jugarán nuestras instituciones?[2]
Choque entre gobiernos y corporaciones
En Washington ven la cuestión sin filtros: la soberanía nacional es prioritaria. El Pentágono advirtió que dará de baja a cualquier proveedor que imponga cláusulas éticas propias. Mientras, Dario Amodei, CEO de Anthropic, argumenta que algunos usos sí socavan valores democráticos. Esta disputa no es teórica: EE.UU. firmó multimillonarios contratos con distintos laboratorios de IA, incluido Anthropic, para adaptar Chatbots a actividades de defensa. El problema real no es quién controla la tecnología, sino quién define los límites legítimos del poder cuando la tecnología ya es infraestructura estratégica.
México vive a diario el impacto de esa carrera. Palantir, la otra cara de la moneda tecnológica, alimenta operativos migratorios que afectan directamente a nuestros ciudadanos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, ICE, destinó más de 200 millones de dólares a Palantir. Uno de sus recientes proyectos, ImmigrationOS, ofrece visibilidad casi en tiempo real de movimientos migratorios y estatus de visas. En la práctica, el software de Palantir compila datos biométricos y rasgos físicos para señalar y deportar a indocumentados. Muchos de los indagados son mexicanos que cruzan la frontera. Así, la batalla de EE.UU. por la IA se traduce en herramientas de control migratorio que operan bajo un velo algorítmico sobre nuestras comunidades.
Palantir, Inteligencia Artificial y migración
Palantir no solo trabaja con ICE. Cobró notoriedad al mapear datos policiales y de salud en EEUU y el Reino Unido, y hoy aspira a ser el sistema operativo de datos de Gobiernos.[3] Esta expansión global plantea una pregunta para México: ¿qué datos nacionales podríamos entregar? Hasta ahora, nuestro Estado no ha reportado acuerdos con Palantir. Sin embargo, la tendencia regional preocupa: Guatemala, Colombia y otros países sudamericanos han contratado sus plataformas para vigilancia y control. En México, iniciativas de IA públicas podrían quedar atadas a proveedores extranjeros si no se regula.
En la frontera norte la influencia ya se siente: cada redada con IA antimigrantes informada por EE.UU. se vive en México como una nueva disrupción social. Analistas han advertido que estas herramientas cruzan datos sensibles sin garantía de transparencia. Y no es sólo migración: la IA militarizada que EE.UU. adopte puede transferirse a conflictos hemisféricos. La compra masiva de drones autónomos o cámaras biométricas podrían emanar de acuerdos bilaterales sin debate público.[4]
Soberanía digital mexicana
En respuesta a este escenario, México busca trazar su propio rumbo. Un reciente proyecto de ley de inteligencia artificial, actualmente en discusión legislativa, enfatiza dos conceptos hasta ahora ausentes del debate público: soberanía tecnológica y derechos humanos como eje rector. La iniciativa propone crear un Consejo Nacional de Inteligencia Artificial, facultado para realizar auditorías algorítmicas y supervisar sistemas de alto riesgo. En paralelo, la estrategia digital del gobierno federal intenta fortalecer la infraestructura interna. El objetivo es claro: no repetir a ciegas modelos foráneos que anteponen la vigilancia a las libertades.[5]
Todo indica que entre 2025 y 2026 México avanzará hacia un marco regulatorio propio. El debate en el Senado ya considera riesgos de sesgo algorítmico y la necesidad de supervisión humana en decisiones sensibles —como las que afectan migrantes, procesados judiciales o solicitantes de servicios sociales.[6] Aprender de las lecciones globales es crucial: si dejamos que la Inteligencia Artificial en seguridad o migración sea dictada por intereses extranjeros, nuestros derechos podrían quedar al margen.
La guerra global por la IA es también política de fronteras y datos. México, que aspira a ser líder regional en inteligencia artificial responsable, no puede darse el lujo de llegar tarde a esta batalla. La pregunta que queda flotando es si nuestras instituciones estarán a la altura cuando los algoritmos empiecen a tomar decisiones que hoy nos parecen lejanas, pero mañana serán cuestiones cotidianas.
[1] Pentagon Anthropic feud has sales and AI warfare at stake | Reuters
[2] AI giant Anthropic says it ‘cannot in good conscience’ agree to Pentagon demands – Breaking Defense
[3] How Palantir infiltrated the state
[4] Cuando el gobierno puede verlo todo: cómo Palantir está mapeando los datos de EU
[5] Mapa regulatorio de la inteligencia artificial en México – Lexology
