Ciudad de México – La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, anunció que el Tribunal de Disciplina Judicial pondrá fin a la impunidad de los jueces corruptos. Durante un encuentro con líderes sociales en la alcaldía de Iztacalco, Batres criticó severamente el estado actual del Poder Judicial de la Federación (PJF). La ministra afirmó que el sistema ha utilizado su autonomía para ignorar la ley y dictar sentencias injustas sin consecuencias, lo que ha generado una gran desconfianza en la sociedad.
Un llamado al fin de la impunidad
Batres señaló la falta de rendición de cuentas en el sistema actual, mencionando que “el año antepasado se emitieron 13 sanciones de un total de cerca de 10 mil quejas”, lo que calificó como una “impunidad asegurada”. Para la ministra, esta situación debe cambiar y la vigilancia de la ciudadanía debe ser un pilar fundamental para el funcionamiento del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal.
El nuevo tribunal, que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre, estará integrado por miembros elegidos por voto popular. Según la ministra, este cambio es esencial para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia, garantizando que los jueces y magistrados rindan cuentas de sus actos.
Un Poder Judicial más cercano a la gente
La ministra también destacó la desconexión que existe entre el Poder Judicial y los problemas de la ciudadanía, resaltando que existe una “obligación moral permanente” para que los juzgadores dialoguen con las personas y entiendan sus realidades. Batres afirmó que espera que esta práctica pronto se convierta en un mandato jurídico, obligando a todo el Poder Judicial a ser más accesible y empático.
Como símbolo de esta nueva etapa, la ministra recibió una escultura del artista Pedro Ponzanelli, que representa una justicia renovada. La ministra Lenia Batres concluyó su intervención subrayando que la reforma judicial va mucho más allá de la elección de jueces, pues busca establecer mecanismos reales para sancionar a quienes cometan actos de corrupción y abuso dentro del sistema.
