Érika Paz / @Paz3_0
(17 de mayo, 2014).- Luego que el martes pasado, 87 de los 158, legisladores guatemaltecos avalaron la resolución que señala como “jurídicamente inviable”, aceptar que en Guatemala hubo genocidio durante la Guerra Civil (1960-1996), la indignación entre la sociedad civil y pueblos y comunidades indígenas del país centroamericano se ha manifestado en las calles, a través de las redes sociales, activistas, jóvenes en su mayoría han emprendido campañas en contra de los congresistas y del gobierno derechista de Otto Pérez Molina.
En Mèxico al menos una veintena de personas guatemaltecas, mujeres en su mayoría, asì como jóvenes de Colombia, Brasil y Mèxico se reunieron el dìa de ayer a las afueras de la embajada de Guatemala en nuestro país para denunciar asimismo la oleada represiva que vive el país, en el que continùa la persecución en contra de la población indígena.
Alrededor de las 12 del dìa, las activistas entregaron al embajador en México, Fernando Andrade Díaz-Durán, un documento con más de mil 600 firmas reunidas hasta la mañana de ayer en contra de la resolución del parlamento. Así como con miles de comentarios en apoyo al pueblo guatemalteco y en contra de las violaciones a derechos humanos, persecución y asesinatos.
“La ley no borra la historia, nuestra memoria sabe. Sí hubo Genocidio”, “Reconocer la verdad ayuda a sanar las heridas del pasado y la aplicación de la justicia es un derecho”, fueron algunas de las frases escritas en las pancartas de las ciudadanas guatemaltecas con residencia en México.
La resolución presentada por el derechista Luis Pérez, del partido Frente Republicano Guatemalteca, fundado por Efraín Ríos Montt (1982-1983), quien encabezara la dictadura como presidente de facto, y a quien se le acusa por la matanza de mil 771 indígenas mayas-ixiles, durante su mandato.
Sin embargo, en la resolución se cita que “(…) No obstante que la legislación imperante da cuenta que los elementos que conforman los tipos penales señalados resulta jurídicamente inviable que se dieran en Guatemala, principalmente en cuanto a la existencia en nuestro suelo patrio de un genocidio durante el enfrentamiento armado interno”.
Los legisladores que votaron en contra señalaron la revictimización de las personas acaecidas así como de sus familiares que les sobreviven, por lo que la indignación ha alcanzado incluso a organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos. Daniel Wilkinson, director de human Rights Watch (HRW) para América Latina y el Caribe, expuso en una entrevista que este hecho forma parte de una cadena de “eventos preocupantes”. Se anula el juicio contra Ríos Montt y se retira del cargo a la fiscal Claudia Paz y Paz, quien se esforzó por llevar a juicio a Ríos Montt, ex militar que hoy tiene 87 años de edad.
“Lo que vemos acá es la reacción en particular contra del juicio por genocidio a Ríos Montt pero, de manera más general, los esfuerzos por llevar ante la justicia a quienes violaron los derechos humanos en el pasado”, expresó Wilkinson.
Entre los comentarios que acompañan a las firmas, se encuentra el de Nohemí Gómez de Quezaltenango, Guatemala: “Porque si bien negarlo no revivirá a las víctimas, afirmarlo sí permitirá incluirlo legalmente en la historia de mi país, la memoria histórica debe ser contada y legitimada”.
Y entre los argumentos de los manifestantes frente a la embajada en México se dijo que quienes fueron niños durante el periodo de la dictadura, vivieron una infancia en la que el miedo imperaba en la calle, en la casa, en la escuela. A ocho años la memoria no puede ser negada.
