A más de cuatro meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayozinapan, resulta inaceptable que solo exista el rastro de uno de ellos. En este caso no hay pruebas concluyentes que permitan a sus progenitores aceptar la hipótesis de que sus hijos están muertos e incinerados. ¿Acaso es el procurador Jesús Murillo Karam el único cadáver político? Para Francisco Patiño investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) la Procuraduría General de la República (PGR) debe ampliar las líneas de investigación a los hornos de empresas fundidoras ya que son las únicas capaces de convertir en cenizas a tantas personas.
Tal incredulidad es producto de una larga historia de abusos de la clase política que se combinó con la tenacidad de unos padres que se han convertido a nivel mundial en íconos de la resistencia. Ellos están llamados a desplazar a las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, porque su lucha sobrevivirá más allá de este gobierno fallido que apostó al olvido y no funcionó. Son dos visiones irreconciliables: La oficial llama a la sociedad a no quedar atrapada en el pasado y la otra parte asegura que no puede superar la tragedia.
La parte ofendida le recuerda al mandatario la reunión que tuvieron en Los Pinos, donde le dijeron que si era incapaz de dar una respuesta se fuera de la Presidencia. No resultó suficiente que como parte de la indagatoria la PGR detuviera a 99 personas, entre las cuales se encuentran más de 50 policías municipales, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, considerados autores intelectuales de la desaparición de los normalistas, y también cuatro autores materiales de lo sucedido a los estudiantes.
En este contexto, y tras un largo período vacacional, el pasado 26 de enero, se llevó con éxito la octava Acción Global por Ayotzinapa, asfixiaron la capital del país, (60 mil personas, según los organizadores, y 15 mil, de acuerdo con las cifras del gobierno capitalino). Miles salieron a gritar su inconformidad desde las fronteras con Estados Unidos en Baja California y Chihuahua hasta Chiapas, para sumarse a la exigencia de que sean hallados los 43 estudiantes desaparecidos. Incluso en El Paso, Texas, y en su vecina Ciudad Juárez, hubo sendas marchas y se dio una protesta en medio del puente Paso del Norte, que une ambas localidades. Lo mismo sucedió en Jalisco, Morelos, Michoacán, Guerrero, estado de México, Colima, Querétaro, Durango, Zacatecas, Oaxaca, Hidalgo, Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Nayarit y Nuevo León.
Los inconformes exigieron a la PGR que investigue la participación del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, y aseguran que cuentan con pruebas para señalar que en la desaparición de los 43 participaron elementos del 27 batallón de Infantería, que se ubica en Iguala. El honor y la credibilidad de los militares han sido afectados y difícilmente podrán recuperarlo. Además ratificaron la decisión de no permitir que se lleven a cabo las elecciones de este año en esa entidad sureña. Buscan convocar a los guerrerenses a que no voten el próximo 7 de junio, su llamado es a organizarse y formar asambleas populares, el objetivo es encontrar otras formas de gobierno sin narco políticos.
Como consecuencia del conflicto pesa el escepticismo que promueve el voto nulo y la abstención. Factores que solo refuerzan el triunfo del voto duro de una partidocracia que sufre la fragmentación de renuncias internas sin alcanzar a afectar su arrogancia. Un caso claro es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que consideró un error el llamamiento a la no elección. El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Carlos Navarrete lo secundó y dijo que impedir las elecciones es casi un acto fascista. Sin embargo, a ambos se le olvida que la piedra angular de la democracia son los electores. Estos ya se pronunciaron, el próximo 31 de enero realizarán la Asamblea Nacional Popular en la Normal de Ayotzinapa, y en el mismo lugar, el 5 de febrero, la Convención Nacional Popular, con la intención de impulsar la transformación del sistema político que tiene hundido al país.
Faltan cuatros años para que Enrique Peña Nieto entregue el poder. ¿La nación aguantara?
