(28 de enero, 2014).-La tarde de hoy, la Secretaría de Gobernación presentó la Estrategia Nacional Antisecuestro de Peña Nieto, que busca “incrementar las capacidades para prevenir el secuestro, capturar a los responsables y combatir a las bandas criminales.”
La estrategia, que parte del marco normativo y los criterios operativos de la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), y cuyo coordinador nacional será Renato Sales Heredia –ex subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República y ex procurador del estado de Campeche–, contempla las siguientes acciones:
Primera. La coordinación, la confianza entre dependencias y órdenes de gobierno y el uso de la inteligencia por encima de la fuerza, serán base fundamental de la Estrategia Nacional Antisecuestro.
Segunda. Se fortalecerán y ampliarán las capacidades operativas de las Unidades Antisecuestro de todas las entidades y de manera particular, las Unidades de los 10 estados que en el 2013 concentraron el 74 por ciento de la incidencia de este delito. Para ello, en acuerdo con los gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se definen las siguientes 5 prioridades:
a) Todas las Unidades Antisecuestro del país serán evaluadas, capacitadas y certificadas en un proceso conjunto por la Procuraduría General de la Republica, la Policía Federal y el CISEN.
b) Para asegurar el debido proceso de la actuación policial, ministerial y pericial de las unidades estatales y del Distrito Federal, se homologarán sus protocolos con las Unidades Antisecuestro de la PGR y de la Comisión Nacional de Seguridad.
c) Se iniciará el proceso de adquisición de equipo tecnológico y de inteligencia necesaria para la correcta operación de las Unidades Antisecuestro de las entidades, el proceso está ya en marcha.
d) Se acompañará operativamente con Unidades de la Policía Federal y la PGR, dando atención conjunta a este delito mientras se consolidan las capacidades de cada una de las Unidades locales y comienza a disminuir sostenidamente la incidencia de secuestros.
e) Se promoverá que la programación y aplicación de recursos esté alineada con esta estrategia de prioridad nacional y se buscará su máximo aprovechamiento, rendición de cuentas y transparencia en su ejercicio.
Tercera. Se trabajará con los congresos locales, gobernadores y el Jefe de Gobierno para ajustar el marco jurídico local a la legislación general en materia de secuestro, homologando criterios y conceptos que permitan combatir y perseguir este delito de manera más eficiente en todo el país.
Cuarta. Se conformará un Sistema Único de Análisis de Información que contenga la base nacional de datos criminales en materia de secuestro, ello, con el fin de aprovechar de manera eficiente la capacidad de los cinco centros regionales de fusión de inteligencia, con información generada por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, las unidades antisecuestro en las entidades, los grupos de coordinación y las aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil, todas estarán concentradas.
Quinta. Se iniciará una campaña en los medios de comunicación que oriente sobre las acciones de prevención y promueva la denuncia entre la ciudadanía.
Sexta. Se diseñará y se pondrá en marcha, a más tardar en el mes de marzo, de un protocolo único de atención ciudadana para el secuestro. Junto con este protocolo, se acompañará un sistema de alerta temprana que permitirá conocer simultáneamente la información generada.
Séptima. Se vigilará y evaluará permanentemente, el comportamiento y actuación de todos los elementos que conforman las unidades antisecuestro del país con el objetivo de reforzar la confianza ciudadana.
Octava. Se impulsará en el sistema penitenciario y en acuerdo con los gobiernos de las entidades, un modelo de reclusión de secuestradores en módulos especiales en penales de alta seguridad. De esta forma, tendremos un mejor control de quienes cumplen una pena por este delito.
Novena. Se fortalecerán los programas de atención a víctimas del secuestro para ofrecer apoyo integral a ellos y a sus familias. Este programa se consolidará en el marco de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro y la Ley General de Víctimas y estará dirigido a ofrecer apoyo y servicios profesionales para la ayuda, asistencia y reparación del daño.
Décima. Todas las acciones estarán sujetas a un estricto programa de evaluación y seguimiento, que realizará la Coordinación Nacional Antisecuestro. Esta Coordinación, estará a cargo de Renato Sales Heredia –Coordinador Nacional Antisecuestro-, dependerá de la Secretaría de Gobernación y será responsable de la debida aplicación de esta estrategia. La Coordinación tendrá entre sus funciones la operación, vinculación, gestión, evaluación y seguimiento coordinado, entre las dependencias del Gobierno de la República y los gobiernos locales. También, será responsable de facilitar el ejercicio de los recursos y promover las acciones necesarias para abatir este delito.
