Ivonne Acuña / Colaboradora
(1 de julio, 2014).- En el asunto de las autodefensas y sus principales líderes en Michoacán, se ha impuesto la experiencia gubernamental sobre la espontaneidad con la que surgieron. Setenta y un años continuos de gobierno no son poca cosa al momento de enfrentar el desafío que para las autoridades mexicanas significa el surgimiento de grupos de la sociedad que deciden armarse y actuar por su propia cuenta para resistir el embate del narcotráfico y la delincuencia organizada.
Estos grupos se constituyen como la antítesis del Estado, toda vez que éste tiene como “razón principal de ser” brindar seguridad y protección física a su población. Cuando el gobierno no puede cumplir con esta función primordial se habla entonces de “Estado fallido” y la prueba fehaciente de su existencia la dan justamente los grupos de “autodefensa”, que en el nombre llevan inscrito el fracaso del Estado cuya ausencia supone la necesidad de “auto-defenderse”.
El caso de los grupos de autodefensa en Michoacán puso de manifiesto, y a la vista de todos, la ausencia del Estado o su incapacidad para frenar las acciones del narco y la delincuencia en contra de la población civil. Y aunque esta entidad federativa no sea el único lugar donde han surgido este tipo de organizaciones –han aparecido también en Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y más recientemente en Tlalnepantla, Estado de México -, si es el más significativo por su extensión y el activismo de sus líderes, entre ellos Martín Barragán Cerna, Hipólito Mora líder de la Ruana, Estanislao Beltrán Torres conocido como “papá pitufo”, Luis Antonio Torres González alías “el americano”, Alberto Gutiérrez o “comandante cinco” y el Dr. José Manuel Mireles Valverde, con mucho el que más se ha enfrentado tanto a las autoridades estatales como federales.
Es justamente el Dr. Mireles quien se encuentra en el ojo del huracán luego de su detención junto con 82 integrantes de su grupo, este viernes 27 de junio en Acalpican, cerca de Lázaro Cárdenas, Michoacán en un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales, en el que participaron elementos de la Policía Federal, la Marina, el Ejército y la Procuraduría de Justicia del estado, como si se tratara del narcotraficante más buscado.
El “asunto Mireles” es significativo desde varios puntos de vista:
Primero, porque su presencia hace evidente, como ya se dijo, la incapacidad del Estado para brindar seguridad a su población.
Segundo, sus acciones son un cuestionamiento “permanente” a la efectividad de la estrategia anti narco del gobierno federal dada su negativa a someterse a la autoridad estatal para formar parte de las llamadas “policías rurales”, autodefensas “legalizadas” por el propio gobierno federal representado por el comisionado Alfredo Castillo Cervantes, quien ha tomado el control del gobierno y las fuerzas policiales en el estado de Michoacán.
Tercero, porque su resistencia es un desafío constante a la autoridad del presidente Enrique Peña Nieto, en una entidad que podría ser considerada “la joya de la corona” de la estrategia gubernamental contra el narco y aún en contra de la intención ciudadana de “auto-defenderse”.
Cuarto, porque le disputa al Estado el uso legítimo de las armas y la fuerza y amenaza con seguir avanzando para formar y apoyar a la formación de más grupos de autodefensa.
Quinto, porque pone de manifiesto los vacíos o carencias en la lucha contra el narco en un momento en que el PRI de Michoacán quiere mostrar otra cara dadas las elecciones del año próximo en que se elegirá al nuevo gobernador de Michoacán.
Sexto y no menos importante, porque él representa “la esperanza” de cientos de michoacanos en su lucha por volver a gozar de la vida tranquila de un estado libre de violencia e inseguridad. Y es la misma comunidad quien lo ha llamado para formar autodefensas, como él mismo dice poder documentar, síntoma de que la gente no confía en la autoridad del comisionado o no ve los resultados que espera.
Por todo lo anterior y desde la lógica del poder en un sistema presidencialista, el reto al Estado, pero sobre todo al presidente, tiene un costo que hay que pagar. Mireles no puede “andar suelto”, hay que ponerle un freno. Para lograrlo, desde el gobierno federal se han aplicado una serie de estrategias ya probadas por los gobiernos priístas en las décadas anteriores, mismas que van del convencimiento a la intimidación pasando por la cooptación la legalización, el arresto y la división.
A la vista saltan los tres intentos más importantes que el gobierno ha hecho para frenar al Dr. Mireles. El primero, se dio a raíz del accidente sufrido por éste, el sábado 4 de enero, cuando se desplomó la avioneta en que viajaba. En esta ocasión el Ejército acudió en su ayuda y se le mantuvo bajo el resguardo de las autoridades federales. Días después y aún no recuperado, Mireles leyó un comunicado en el que afirmaba se le pidió enviar un mensaje a las autodefensas michoacanas que se encontraban muy nerviosas por lo que había ocurrido y a quienes llamaba al “desarme”.
Esta primera estrategia no dio el resultado esperado pues a pocos días el mismo Dr. Mireles desmintió lo que había afirmado en dicho comunicado.
El segundo intento se da cuando se publica su foto sosteniendo la cabeza de un ejecutado http://www.sinembargo.mx/12-05-2014/989862 como prueba de su participación en enfrentamientos y asesinatos al margen de la ley. Él mismo confirmó su participación en dicho evento como parte de un operativo en el que el Ministerio Público de Lázaro Cárdenas le pidió ayudarlo a bajar un cadáver de la lomita y sostener su cabeza para tomar la foto como documento del caso. Ante la evidencia de tal operativo la acusación contra Mireles no puede ser sostenida.
Tercero, el más reciente intento es su arresto, junto con 82 autodefensas más, en función de la portación de armas de uso exclusivo del ejército -40 armas largas de grueso calibre, 19 vehículos, 3 mil cartuchos- y posesión de pequeñas cantidades de droga –marihuana y cocaína- y $30,000.00 en efectivo, mismos que a decir de su abogada, Talía Vázquez, no eran 30 sino $90,000.00, mismos que él traía para uno de los pagos de la camioneta blindada en que se trasportaba.
Estos tres intentos se han visto completados por filtraciones en su contra, como el hecho de que haya estado en prisión acusado de narcotráfico, acusación de la que él mismo se defiende y otras tentativas para desprestigiarlo. Asimismo, de su reconocimiento intermitente como vocero de los diversos grupos de autodefensa formados en Michoacán.
Su detención tiene como antecedente la “legalización” de las autodefensas por parte del estado mexicano, el registro de sus miembros y de sus armas, mismas que no pueden ser aquellas usadas sólo por el ejército ni pueden ser portadas fuera del lugar de habitación de sus dueños.
También como antecedente a su detención se da el arresto, encarcelamiento y posterior liberación de Hipólito Mora, jefe del grupo de autodefensa de La Ruana acusado de asesinar al “pollo”, Rafael Sánchez, otro líder de autodefensas de Michoacán. Una vez “ablandado” y absuelto de los cargos, Mora afirmó apoyar la estrategia del gobierno y su intención de registrarse como policía rural. Igualmente, el arresto y encarcelamiento de 45 autodefensas en el municipio de Aquila, en agosto de 2013 . Entre otros eventos relevantes.
En suma, todo lo relatado tiene en el fondo una estrategia más que probada como “lección de libro”, a partir de la cual los diversos gobiernos priístas han controlado y sometido a todos aquellos grupos y personajes que han pretendido, de una manera o de otra, con más o con menos éxito, disputar a las administraciones en turno sus cotos de poder y minar, muchas veces con razón, la legitimidad del régimen.
Así, el convencimiento (te reconozco, te ayudo y me ayudas) la cooptación (pertenecer a las nuevas policías rurales), la legalización (declarar a unos autodefensas dentro de la ley y a otros fuera de ésta), la división (dar más importancia y apoyo a un líder de autodefensas que a otro), la intimidación (el encarcelamiento, el sembrar armas y droga, el separar al presunto acusado de su comunidad, familia y amigos al llevarlo a penales de máxima seguridad en Sonora por ejemplo), son algunas de las “lecciones de libro” aplicadas para “meter en cintura” a los grupos de autodefensa pero, sobre todo, al rebelde y famoso Dr. Mireles.
