En la entrega anterior dimos cuenta someramente de los operativos ilegales que el gobierno de Estados Unidos instrumentó, durante más de 7 años, para introducir armas a México y entregarlas a los cárteles de la droga, con la supuesta finalidad de rastrearlas, ubicar a sus compradores y detenerlos. Nada de esto sucedió y probablemente nunca sabremos cuántas armas fluyeron tranquilamente a nuestro país. Tan sólo el operativo “Rápido y furioso” implicó alrededor de 2,500 armas de alto calibre que Calderón accedió a entregar a quienes supuestamente combatía. Nadie sabe en dónde quedaron pero siguen apareciendo en innumerables casos de violencia, ya sea en la masacre de Villas de Salvárcar, en el asesinato de Miroslava Breach o el atentado contra el jefe de la policía de la Ciudad de México, en el que murieron tres personas.
En 2008, como parte de la Iniciativa Mérida y de esos operativos, el gobierno norteamericano entregó al nuestro equipo especializado con el que supuestamente se podrían rastrear las armas introducidas a México, el sistema e-Trace. Sin embargo, este sistema de registro no sirve propiamente para el “rastreo”, tal como se puede hacer con un teléfono, de su ruta a través de los intermediarios hasta su destino final, sino sólo para que, mediante una búsqueda en el sistema, las autoridades puedan conocer el origen de un arma decomisada e identificar el punto de venta en los EUA y a su comprador inicial.
No es posible saber cuántas armas ingresaron a México mediante estos operativos, pero el universo a considerar es enorme. Los documentos oficiales de Estados Unidos evaden cuantificar fehacientemente el volumen de fuego que durante 7 años pusieron en manos de la delincuencia. Pero hay indicios de su dimensión si atendemos al incremento acelerado del tráfico de armas a nuestro país. Por ejemplo, un documento de abril de 2009 del Departamento de Justicia señala que en 2008 México solicitó información de 7,500 armas, la mayoría de las cuales provenían de Texas, California y Arizona. Las cantidades crecieron con el tiempo. Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GOA, Government Accountability Office) reporta que de 2014 a 2018, la ATF analizó 80 mil armas decomisadas en nuestro país, unas 20 mil por año. De ese conjunto, 56 mil eran de procedencia norteamericana y de éstas, 19 mil eran armas largas, incluyendo ametralladoras, fusiles Barret calibre .50 y hasta lanzagranadas.
Llama la atención que el programa Gunrunner, “Corredor de armas”, que enmarca estas operaciones, iniciara en 2004, el año en que se libera en EUA la venta de “armas de asalto” y que éstas comienzan a venderse como pan caliente. Hoy se calcula que este tráfico involucra alrededor de 500 mil armas anuales. Más que una política pública para combatir a la delincuencia parece un juego de psicópatas.
Pese a todo, algo bueno queda entre todo este desastre. El Gobierno de México le ha podido dar un buen uso al sistema e-Trace. La información que proporciona ha servido como evidencia para robustecer la demanda que presentó el 4 de agosto de 2021 contra fabricantes de armas en EUA en una corte de Boston, Massachusetts. Se trató de una demanda civil contra empresas fabricantes por prácticas comerciales negligentes e ilegales y por facilitar activamente el tráfico ilegal de armas.
Por primera vez en la historia, un gobierno interpone una demanda contra esta poderosa industria en Estados Unidos por los efectos que sus prácticas tienen fuera de su territorio. La demanda alega que ese tráfico tiene como consecuencia daños enormes en homicidios y lesiones, que implican gastos médicos y de rehabilitación a miles de personas; descomposición familiar y comunitaria; afectaciones a infraestructura, equipo y personal de seguridad, así como otros daños como pérdida de inversiones, en comercio y en turismo. Los fabricantes de armas tienen responsabilidad en todo ello debido a que sus prácticas de producción y comercialización favorecen el tráfico ilegal.
Si bien las empresas de armas gozan de una impunidad procesal casi total en cuanto al uso de sus productos, se recurre a la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual, de manera similar a la de otras industrias, como la tabacalera, la automotriz o la farmacéutica. Se parte del principio de que quien viola conscientemente o por descuido una obligación o deber legal, es responsable del daño y lo debe resarcir, así como interrumpir la conducta indebida. La demanda identificó varias prácticas y acciones de fabricantes y distribuidores no sólo irresponsables, sino que caen incluso en la ilegalidad, desde la distribución a armerías sin tomar en cuenta antecedentes por vender a traficantes, permitir ventas múltiples o fuera de registro, diseñar y promocionar modelos dirigidos específicamente a narcotraficantes, como la “Colt “Jefe de Jefes, Mexican Heritage” fabricada en oro de 24 kilates, diamantes y rubíes. Todo ello lo hacen, además, con pleno conocimiento de lo que ocasionan, pues reciben periódicamente información de la ATF sobre el uso de sus armas en actividades criminales tanto en EUA como en el exterior.
Por otra parte, se alegó que la impunidad procesal de que gozan los fabricantes no aplica en México, donde se causa el daño por estas prácticas. La demanda exigía dos cosas; primero, la reparación del daño, que habría de ser cuantificado en el juicio y, segundo, la obligación de las armerías a modificar sus estrategias de producción, comercialización, promoción y venta de sus productos.
Si bien esta iniciativa ya tuvo un primer traspiés, al ser desechada por el juez federal que lleva el caso, es importante notar que le fue reconocida al Gobierno su legitimidad para demandar y el hecho de que la demanda fue respaldada por 13 fiscales estadounidenses, incluyendo los de California y Nueva York, bajo la figura de amicus curiae o “Amigos de la Corte”, que aportaron elementos adicionales a la argumentación mexicana.
Esta batalla legal se acompaña de una lucha política en varios frentes. Por un lado, abona a llas acciones de una buena parte de la sociedad norteamericana por la regulación de armas y promueve el apoyo social a la legitimidad de estas acciones, para que más víctimas recurran a los resquicios jurídicos que las leyes les proporcionan contra esa poderosa industria. Otro frente activo es la presentación de propuestas en diferentes foros internacionales que obliguen a los países productores y a sus empresas a instrumentar medidas eficaces de regulación y control en la producción y el comercio de armas, entre las que destaca la Resolución 2616 del Consejo de Seguridad, promovida el año pasado por México y respaldada por 73 países de la ONU.
Por lo pronto, la batalla legal iniciada por el Gobierno de México no se ha detenido. En octubre, después de que fue desechada la primer demanda, fue interpuesta una segunda, dirigida contra los distribuidores de armas, principales responsables de violaciones a leyes federales y estatales en la operación de sus negocios. Más allá del destino que tenga esta última acción legal, es indiscutible que México ha recuperado la iniciativa en su política con respecto a los Estados Unidos y que ha sabido aprovechar las circunstancias para plantarse ante su poderío. No es ya una actitud reactiva, condescendiente y servil, sino una política soberana, digna y de principios que defiende los intereses de nuestro país. Ya era hora.
Referencias:
Departamento de Justicia. “Hoja de datos (ficha informativa): Esfuerzos del Departamento de Justicia en el combate a los cárteles mexicanos de la droga”. (“Fact Sheet: Department of Justice Efforts to Combat Mexican Drug Cartels. Department of Justice (202) 514-2007).
Abril 2, 2009. https://archives.fbi.gov/archives/news/pressrel/press-releases/fact-sheet-department-of-justice-efforts-to-combat-mexican-drug-cartels.
Natalie Kitroeff y Oscar López, “México demanda a empresas de armas en EEUU; las acusa de avivar la violencia”. New York Times. Agosto 4, 2021. https://www.nytimes.com/es/2021/08/04/espanol/mexico-demanda-fabricantes-armas.html?auth=login-google1tap&login=google1tap.
Alejandro Celorio Alcántara. “Política exterior y la fuerza del derecho para responsabilizar a empresas en EE. UU. por el tráfico ilegal de armas.” Nexos, Noviembre 22, 2021. https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/politica-exterior-y-la-fuerza-del-derecho-para-responsabilizar-a-empresas-en-ee-uu-por-el-trafico-ilegal-de-armas/
Pablo Monroy Conesa, “La cruzada judicial de México contra las armas ilegales”, Nexos, Agosto 12, 2021. (Este artículo es el inicio de una serie publicada por Nexos que da cuenta de los pormenores jurídicos de esta estrategia del Gobierno mexicano). https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/la-cruzada-judicial-de-mexico-contra-las-armas-ilegales/
Alejandro Celorio Alcántara, “México vs. fabricantes de armas en EEUU”, Revista Abogacía, Abril 12, 2022. https://www.revistaabogacia.com/alejandro-celorio-alcantara/
María de Haas Matamoros. “La demanda de la Cancillería contra empresas de armas y las armas perdidas por el Ejército Mexicano”. El Universal. Enero 8, 2022. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/maria-de-haas-matamoros/la-demanda-de-la-cancilleria-contra-empresas-de-armas-y-las-armas-perdidas-por-el-ejercito-mexicano.
Agencia de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés). “Tráfico de armas de fuego: Los esfuerzos de EE.UU. para interrumpir el tráfico de armas de fuego a México se beneficiarían de datos y análisis adicionales”. (GAO-21-336), Marzo 24, 2021. https://www.gao.gov/products/gao-21-336
Los Ángeles Times. “México interpone 2da demanda contra armerías de EEUU”. Octubre 10, 2022. https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2022-10-10/mexico-interpone-2da-demanda-contra-armerias-de-eeuu.
Agencia de Alcohol, Tabaco, de fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), “Datos de rastreo de armas: México, 2015-2020”. Enero 1, 2020. https://www.atf.gov/resource-center/firearms-trace-data-mexico-2015-2020#table-3
