(11 de febrero, 2014).- Una vez más Veracruz se convierte en la tierra sin ley donde la impunidad reina a sus anchas: los periodistas son un objetivo fijo del crimen organizado –entendiéndose a éste como una estructura cuyos nexos están tejidos hasta las más altas esferas políticas incomodas ante denuncias periodísticas–.
La libertad de expresión ha sido “levantada” nuevamente y, por tanto, humillada, sofocada y sangrada. Los adjetivos sobran, las lágrimas también, las desapariciones aumentan y los ataques del mismo modo. Hace unos años fue Gabriel, Evaristo, Sergio o Regina… hoy es Gregorio: 5 de febrero del 2014.
Eran las 7:20 horas de hoy cuando el reportero de la nota policíaca –quien denuncia puntualmente casos de “levantones” y secuestros– del diario Liberal del Sur y Notisur, Gregorio Jiménez, regresaba a su casa después de haber dejado a sus hijos a la escuela. En la colonia Villa Allende del municipio de Coatzacoalcos fue interceptado por un comando fuertemente armado y lo secuestró, de acuerdo con el testimonio de vecinos.
Más tarde sus colegas declararon en redes sociales: “Un grupo armado lo interceptó cuando llegaba a su casa, después de dejar a sus hijos en la escuela. Ya dimos parte a SSP, Sedena y Semar y lo andan buscando. En los últimos días había estado mandando información sobre secuestros”. A las 7:45 de la mañana arribó un convoy de patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Los agentes obtuvieron detalles del levantón e implementaron protección para la familia Jiménez.
Sin embargo… ya han pasado más de 12 horas y no hay respuesta alguna… indudablemente, hora tras hora, el proceso ha sido tortuoso, atarragado de burocracia y promesas de corte gubernamental, altos funcionarios expulsando palabras acompañadas del hedor mentiroso y deshonesto, corruptos al servicio de un sistema que ha decidido someter a como dé lugar al periodismo a través de ejecutores del crimen, llámese sicarios, narcos, mercenarios, matones, paramilitares o asesinos a sueldo.
El periodismo está constantemente amenazado y principalmente en estados de la República como Veracruz, demarcación caracterizada por la violencia feroz hacia ciudadanos, activistas y periodistas; catalogada como una de las más peligrosas en todo el mundo para realizar coberturas, pues tan sólo en el sur de Veracruz hay otros dos casos de periodistas desaparecidos: en 2010 plagiaron en Colipa al reportero del semanario Espacio, Evaristo Ortega; un año después fue Gabriel Manuel Fonseca del Diario de Acayucan. En cuanto a la zona centro, Sergio Landa Rosado del Diario Cardel, desapareció en abril de 2013. Los paraderos de todos ellos se desconocen, quienes pertenecen a la cadena de periódicos de Editorial Olmeca.
En ese sentido, desde 2011 hasta la fecha han sido asesinados nueve periodistas, entre ellos la corresponsal del semanario Proceso, Regina Martínez; cuatro desaparecidos y aproximadamente una docena ha abandonado el estado, pues la situación es alarmante: violencia generada por los cárteles de la droga, los vínculos del gobierno veracruzano con los criminales y la mediocridad para garantizar seguridad a los periodistas.
Gregorio recibió anteriormente amenazas, pero continuó al pie del cañón redactando información, cubriéndola, haciendo llegar sus notas informativas a los ojos de los veracruzanos, documentando una realidad a la cual está sometida México… pero no sólo es aquel deber del periodista, sino la realidad como es: trabajar para sobrevivir, la obtención de un sueldo, la manutención de su familia, el pago de la colegiatura de sus hijos, comer día a día junto a ellos en la mesa. Quien quiera que haya sido –de lo cual no es difícil darse una idea– no le importó en lo más mínimo si Jiménez de la Cruz es padre de familia, amigo, colega, esposo, reportero de medios de comunicación y ciudadano.
Ya no sólo es partirse la madre en el oficio cuya precarización de derechos laborales y humanos está más latente que nunca; ahora, también resulta que esos pocos más de cinco mil, seis mil o siete mil pesos quincenales –en el mejor de los casos– se deben ganar en una condición de censura, miedo, violencia e impunidad llevada a cabo en mayor medida por el propio Estado, pues no se puede entender el crimen organizado sin el aval impune del propio gobierno, ventilados por sus actos gracias al oficio reporteril.
El gobierno de Javier Duarte de Ochoa lo ha demostrado una vez más: ineptitud para garantizar el desenvolvimiento libre, sin agresiones, amenazas, plagios o asesinatos en la entidad para los trabajadores de la información. Duarte de Ochoa, está a la vista de todos como uno de los gobernadores que han permitido que este problema cada día tenga mayor avance, como un cáncer inexorable y además acelerado por la tierra sin leyes. Con antecedentes desde el mandato de Herrera hasta Duarte de Ochoa, la podredumbre se enquista cada día más y más; y sus argumentos en estos casos siempre son vincular a los periodistas con el crimen organizado, hacerlo un caso pasional o verlo como un caso aislado. Basta de falacias.
Como lo dijo el pasado 31 de enero, Rocío Ojeda Callado, presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP): la capital veracruzana es donde suceden más agresiones a periodistas, además de que la SSP del estado ha recibido más quejas de agresiones a comunicadores. Apuntó: “Se han presentado quejas. Tenemos abiertos los casos. Tenemos a 30 elementos que están en suspenso esperando que se dé respuesta a cuál va a ser el dictamen que se otorgue en función de su actuación”. Por otra parte, Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), exigió el rescate del reportero y denunció en un comunicado de prensa: ”la violencia y la corrupción, el miedo y la censura han tomado una cantidad impresionante de víctimas en la prensa de Veracruz”.
Con la mayor de las esperanzas, sin importar la agenda o línea editorial de cada medio de comunicación, esto debe estar en las primeras planas de mañana en la mañana, en los teasers de los principales programas de radio, televisión y notas de los portales electrónicos. Gregorio Jiménez de la Cruz debe aparecer vivo.
Es necesaria la solidaridad. No sólo de la ciudadanía hacia los periodistas, sino entre los propios colegas, muchos de ellos fríos como tempanos, enajenados y acostumbrados lamentablemente a este tipo de noticias.
No se debe permitir que se siga “levantando” o asesinando a la libertad de expresión. Debe haber justicia para los periodistas desaparecidos, amenazados, censurados y asesinados.
