El nuevo dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, supone que el estilo personal de Enrique Peña Nieto es la concreción de “un nuevo presidencialismo, un presidencialismo moderno”. Así se confirma el concepto decimonónico que la cúpula del poder político tiene del servicio público. ¿Qué de “moderno” puede haber en una práctica neoporfirista de la relación entre una élite antidemocrática y un pueblo cada vez más envilecido por la pobreza, el desempleo, la avaricia de la oligarquía? ¡Vaya concepto de la “modernidad” que tiene quien aspira a suceder al actual inquilino de Los Pinos!
Es increíble la actitud de una cúpula política absolutamente carente de sensibilidad social y de patriotismo. Si “modernidad” es carecer de tales atributos, obviamente la rechazamos. ¿Qué de “moderno” puede haber en el cinismo enfermizo de esa élite que actúa como si todavía estuviéramos bajo el dominio de una monarquía despótica? Porque a final de cuentas tal es el móvil “político” del “gobierno” que representa la “nueva alternancia”, según Beltrones: apuntalar su dominio y control sobre una masa cada vez más empobrecida, a la que se está obligando a que pierda su dignidad humana y acepte sin chistar el despotismo de las élites.
El resultado de la “investigación” que llevó a cabo la Secretaría de la Función Pública, relativa a la desenfrenada corrupción del “gobierno” de Peña Nieto, es la más clara evidencia del despotismo de este grupo, el de la “nueva alternancia”. Mayor burla al pueblo es inconcebible, mayor perversidad sólo cabe en una mentalidad anormal. Y todavía respondió Beltrones, a pregunta expresa de un periodista, que debatiría con Andrés Manuel López Obrador, “solamente que abrieran de nuevo La Castañeda” (el manicomio que funcionó en los años del porfiriato).
Tiene razón en cuanto al imperativo de un sanatorio para enfermos mentales graves, como lo son quienes están en la cúpula del poder político. Porque para cualquier psiquiatra es muy evidente que para pertenecer al grupo que detenta el poder se necesita tener rasgos muy marcados de sadismo extremo, de sociopatía en el último grado, cuando se pierde la línea divisoria entre los instintos bestiales y un comportamiento socialmente aceptable. ¿Acaso es normal la insaciable voracidad que caracteriza a la alta burocracia, a la élite oligárquica? ¿Qué sentido tiene acumular bienes y riquezas de las que incluso se pierde su cuantía?
¿Cómo alguien en su sano juicio puede pedir “disculpas” por la comisión de un delito en el que cayó en flagrancia? ¿Acaso en otros países que no presumen de democráticos, como Guatemala, no se penaliza la corrupción de sus gobernantes? En la capital guatemalteca acaba de ser detenida la ex vicepresidenta del país, Roxana Baldetti, acusada de estar involucrada en una red de defraudación fiscal, a la que también se vincula al actual mandatario, Otto Pérez Molina, quien está bajo investigación. En cambio, aquí en México las élites del poder político y económico gozan de plena impunidad para cometer todo tipo de felonías, con los resultados que estamos sufriendo los mexicanos.
Las declaraciones de Peña Nieto después de que el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, exoneró a su jefe y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, son por demás significativas de un comportamiento insano. Como si el inquilino de Los pinos no fuera el principal involucrado en la red de corrupción que se formó desde que era gobernador del estado de México, declaró lo siguiente: “Desafortunadamente las instituciones públicas y privadas han sufrido un deterioro en la confianza. Lo más grave es que también existe una pérdida de confianza entre los mismos ciudadanos”.
¿Acaso esperaba que se le aplaudiera y hasta se le pidiera perdón? Seguramente, porque su alejamiento de la realidad es propia de una mentalidad que vive en su propio mundo ilusorio. Porque de otro modo nadie se atrevería a ofrecer “sinceras disculpas” y afirmar tranquilamente: “Entiendo que mi actuación en el caso referido, si bien fue apegada a la ley y a la ética, generó una percepción que contribuyó a deteriorar la confianza en las instituciones”. ¡Qué bárbaros somos al no darnos cuenta de que las casas que fueron “vendidas” por el propietario de la constructora Higa, son sólo una percepción!
No tenemos perdón por no comprender que tal forma de actuar del Ejecutivo es “un presidencialismo moderno”. ¡Definitivamente, urge abrir de nuevo La Castañeda!
