(24 de julio, 2014).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó a través de su página oficial, que 3 mil 79 personas han sido detenidas por las fuerzas armadas entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2014, casi la mitad de los 6 mil 940 que fueron aprehendidos en todo el 2013.
El reporte no detalla los lugares ni motivos de las detenciones, por lo que quedan abiertas ciertas sospechas, pues es bien conocido que muchos manifestantes han sido detenidos de manera arbitraria en las recurrentes protestas que han generado las reformas peñistas.
En tanto, el discurso oficial presenta la cifra como algo positivo, usando de pretexto el abatimiento de diversos elementos del crimen organizado. No obstante, desde hace algunos años este título de “delincuencia organizada” fue utilizado para sustituir el de “narcotráfico”; en parte porque muchos de estos grupos diversificaron sus actividades ilegales, pero también porque así se le permitía a las fuerzas armadas atacar a cualquier grupo de personas que busque “desestabilizar la nación”. Es decir, que los manifestantes pueden estar incluidos, si así conviene.
Se puede tratar entonces, de la excusa perfecta para violar los derechos fundamentales de todas aquellas personas que resulten inconvenientes para el sistema de poder, como ya se han registrado, al menos, 15 detenciones de activistas y defensores de derechos humanos, entre los que el caso más sonado actualmente es el del líder autodefensa, José Manuel Mireles Valverde, al intentar inculparlo de posesión de armas de uso exclusivo del ejército y delitos contra la salud.
De igual forma, el uso de las fuerzas armadas como medio de represión contra la ciudadanía organizada ha ido en aumento; esto sin contar las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.
En las últimas semanas también ha causado indignación general el caso de la #LeyBala, llevada a cabo por el gobernador panista de Puebla, Rafael Moreno Valle, que ya le costó la vida a un menor de 13 años.
Asimismo se han registrado desde hace años las infiltraciones de militares en las manifestaciones, uniformados como policías municipales o estatales con la intención de reprimir a toda costa las actividades de protesta.
Resulta preocupante el panorama de militarización que parece irse estableciendo en el Estado mexicano, a favor de callar las voces y frenar las acciones del pueblo organizado, como caldo de cultivo para que el gobierno tenga carta abierta de actuar con total arbitrariedad según los intereses de las altas esferas del país e incluso las empresas transnacionales.
