Tras 82 días en prisión, Nicolás Maduro comparece este jueves ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York en un movimiento que busca cambiar el rumbo de su proceso penal: anular el juicio en su contra por narcoterrorismo.
El exmandatario venezolano llega a una audiencia clave ante el juez Alvin Hellerstein, en Manhattan, donde su defensa intentará desestimar los cargos alegando que el proceso ha vulnerado derechos fundamentales protegidos por la Constitución de Estados Unidos.
El argumento: derechos constitucionales en disputa
El equipo legal de Maduro sostiene que el proceso penal viola la Quinta y Sexta Enmienda, al impedirle ejercer plenamente su derecho a una defensa adecuada.
El punto central gira en torno a la negativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para autorizar el pago de honorarios legales con recursos del Estado venezolano, bloqueados por sanciones económicas vigentes desde 2019.
Según sus abogados, esta restricción limita su derecho a elegir representación legal, una garantía constitucional clave en el sistema judicial estadounidense.
Cargos de alto calibre
Sobre Maduro pesan acusaciones por conspiración para narcoterrorismo, importación de cocaína, así como por posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.
El caso tomó fuerza tras su captura el pasado 3 de enero, cuando fuerzas especiales estadounidenses realizaron un operativo en Caracas que culminó con su traslado a Nueva York, junto con su esposa, Cilia Flores.
Desde entonces, ambos permanecen detenidos en Brooklyn, en espera del desarrollo judicial.
Fiscalía vs defensa: el choque de fondo
Los fiscales han rechazado la postura de la defensa y consideran improcedente el argumento constitucional.
Sostienen que, dado que Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo desde 2019, no existe obligación de permitir que Venezuela financie su defensa legal.
Además, señalan que tanto Maduro como Flores pueden acceder a defensores públicos si no cuentan con recursos propios para cubrir los costos.
La batalla por los honorarios
El caso también ha abierto un frente paralelo: quién paga la defensa.
El abogado de Maduro, Barry Pollack, reconocido por haber representado a Julian Assange, ha advertido que podría retirarse del caso si no se autoriza el pago de sus honorarios o si el tribunal no desestima los cargos.
Hasta ahora, se desconoce el monto de sus servicios, y el propio Pollack ha evitado hacer comentarios públicos al respecto.
Mientras tanto, la defensa insiste en que Maduro y Flores no tienen capacidad económica para costear el proceso por cuenta propia, lo que mantiene en tensión el desarrollo del caso.
En paralelo, el propio Maduro se ha declarado inocente de los cargos y se ha definido como un “prisionero de guerra”, en una narrativa que acompaña su estrategia legal dentro y fuera de los tribunales.
La audiencia de este jueves se perfila como un momento decisivo que podría redefinir el curso de uno de los procesos judiciales internacionales más seguidos del momento.
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