(28 de julio del 2014).- Jesús Rodríguez Almeida, secretario de Seguridad Pública del gobierno de Miguel Ángel Mancera, respira holgadamente al afirmar que el Gobierno del Distrito Federal, por fortuna, no ha tenido muertos, menoscabo de los derechos humanos ni ha tenido lesionados de gravedad, durante los últimos operativos para disolver manifestaciones, desarticular el comercio ambulante o el enfrentamiento de otras manifestaciones sociales.
“Hemos preferido sacrificar los bienes jurídicos [de algunos], digamos menores, por los de todos los demás”, dijo en entrevista con el semanario Contralínea.
Su dicho, sin embargo, contrasta con los números de detenciones que la administración perredista ha logrado incrementar. Dentro de las cárceles capitalinas, existen 23 mil personas tras las rejas, el mayor número registrado desde hace lustros. En los primeros 6 meses de 2014, la Policía del Distrito Federal ha remitido a 120 mil ciudadanos ante un juez.
Y de estos, el 70 por ciento cometieron faltas administrativas o delitos menores por montos que nos superan los 4 mil pesos. La numeralia indica además un cambio en la política de los sucesivos gobiernos perredistas: es el número más alto que se tiene registrado, por lo menos, desde la administración de Cuauhtémoc Cárdenas.
Sin embargo, Rodríguez Almeida afirma que la administración de Mancera, ha permanecido una visión humanista y de claro respeto a los derechos humanos. Esas imágenes de golpizas brutales a los manifestantes, el acoso del cuerpo de granaderos a cualquier tipo de movilización, la creación de nuevos protocolos para limitar el uso de la vía pública, la persistente denuncia de encarcelamientos políticos, no son la regla, sino la excepción.
“Sólo en el 1 por ciento [de las manifestaciones] ha habido necesidad de utilizar la fuerza pública. ¡En el 1 por ciento! –enfatiza levantando la voz–. Y en este año prácticamente en menos [de ese porcentaje]”, sostuvo en el reportaje firmado por el reportero Mauricio Romero.
Dentro de esas palabras, no caben imágenes como las del primero de diciembre del 2012, tampoco las del primero de mayo, menos las de septiembre y las del 2 de octubre. Ni siquiera los “encapsulamientos” policiacos. En todas se ha actuado para “encauzar (como el cauce del río) a las personas hacia un lugar precisamente para que no corran riesgos o no vayan a cometer acciones delictivas. Eso se llama prevenir.”
¿Y el combate al narcotráfico?, pregunta el reportero.
—No. Nosotros tenemos en principio combatir el narcomenudeo. No el narcotráfico. Eso le corresponde a la Federación. Yo no puedo hablar de ese tema porque el mío es el narcomenudeo en la Ciudad.
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Pero no todos muestran el mismo optimismo.
Un reciente estudio del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, señala que existen al menos 13 leyes a nivel federal y estatal, cuya aplicación, podría tener un efecto negativo en el derecho a la protesta. De estas, al menos tres han sido tratadas de aplicar en la Ciudad de México: 1)Ley de manifestaciones públicas para el Distrito Federal (en la congeladora); Ley de Movilidad del Distrito Federal (aprobada y publicada en la Gaceta Oficial); las Reformas al Código Penal del Distrito Federal (aprobada por la Asamblea Legislativa, pero no publicada oficialmente).
“Ahora, en el ámbito legislativo local, hay siete leyes, tres de ellas en el Distrito Federal, que endurecerán penas a los manifestantes, fincarán responsabilidades a los líderes de organizaciones sociales, reglamentarán las marchas, limitarán el derecho a la libertad de expresión y criminalizarán la protesta pública. En un caso similar al federal, les darán poderes extraordinarios a los gobernadores, muy posiblemente, para su uso político”, explicó el defensor de derechos humanos Jesús Robles Maloof.
Diversos informes de la organización internacional de defensa de la libertad de expresión Artículo 19 ubican al Distrito Federal como una de las entidades de la República Mexicana con más agresiones en contra de periodistas. La muestra actualizada se encuentra en el Informe del segundo trimestre de 2014, que revela que el Distrito Federal sólo es superado por Veracruz en la carrera por ser el número uno en violencia contra la prensa.
