Más de 2 mil millones de pesos calculados por contaminación en Sonora y contando…

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(8 de septiembre, 2014).- Si bien es cierto que las consecuencias por el derrame de 40 millones de litros de desechos tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi son incalculables, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) estimó daños por 2 mil millones de pesos, es decir, 50 millones por cada litro vertidos ilegalmente.

Raúl Ramírez Ramírez, titular de la CEDH indicó que el monto calculado no es definitivo, ya que todavía no culminan el expediente iniciado cuando se supo de los graves daños que causó el trabajo de la mina Buenavista del Cobre, operada por Grupo México en el municipio de Cananea, que además afectaron a 32 mil pobladores.

La estimación, según explicó el funcionario, está sustentada en las entrevistas realizadas a ganaderos, pescadores y productores de la región que fueron afectados, sumados a los testimonios de presidentes municipales de Arizpe, Aconchi, Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús, y Ures en Sonora.

En cuanto a los responsables, además de la demanda penal que se interpuso contra quienes resultes señalados, el ombudsman estatal adelantó que para el miércoles 10 de septiembre se convocó a Grupo México a una reunión para acelerar la ayuda en la zona, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta.

La contaminación ocasionada por la minera, tuvo un previsible efecto negativo en los vecinos del río, quienes de acuerdo a Ramírez, están a punto de estallar socialmente, debido en gran parte a la falta de compromiso por parte de la empresa, que ha facilitado el líquido vital a cuentagotas.

 “La gente quiere saber plazos y reconocemos el interés de Grupo México, pero no es suficiente,

“Si no recibimos una respuesta de su parte, estamos dispuestos a ir a tocar las puertas del señor Germán Larrea”, expresó el presidente de la CEDH local, en referencia al ejecutivo de Grupo México.

Por último, el ombudsman lamentó que ningún diputado local se haya pronunciado al respecto, al tiempo que denunció la nula supervisión por parte de las autoridades federales.

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