(20 de octubre, 2015).- Las víctimas de la masacre de Acteal, rechazaron la ‘solución amistosa’ que los representantes del Estado mexicano ofrecieron en el marco de la sesión pública ante la CIDH.
Esto porque el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruíz-Cabañas, no reconoció que fueron grupos paramilitares (con vínculos directos con el Estado mexicano) quienes asesinaron a las 45 personas (18 mujeres, 7 hombres, 16 adolescentes y 4 niños) en el municipio de Chenalhó, Chiapas en 1997.
“Nos dieron un golpe, pero hoy estamos aquí para buscar justicia”. La masacre, “estuvo planeada por el propio Estado mexicano”, dijo Juan Vázquez, quien también acusó que “lejos de castigar a los responsables de la masacre, los han premiado con tierras, casas y hasta pensiones mensuales.”
Es por esta impunidad y corrupción, que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ‘Frayba’ (que ha sido el representante de la comunidad desde 1997) pidió a la CIDH que “emita un informe de fondo del Caso Masacre Acteal, declarando al Estado responsable de las violaciones”.
La masacre lleva impune más de 15 años, los peticionarios imputaron la falta de identificación y sanción de los responsables materiales e intelectuales, así como la ausencia de una justa e integral reparación de los daños a las víctimas; falta de atención a estragos físicos y psicológicos.
