(13 de agosto, 2014).- Situado en el lugar 152 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras (RSF) en 2014, México confirmó porque es el lugar más peligroso para ejercer el periodismo de América Latina, tras la muerte del corresponsal de El Buen Tono en Oaxaca, Octavio Rojas Hernández, con la que ya van seis desde que inició el sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo a versiones de testigos, Rojas Hernández, quien también se desempeñaba como jefe de comunicación social del municipio de San José Cosolapa –abrumado por el crimen organizado- fue abatido a tiros antes de iniciar a comer, por un tipo supuestamente interesado en adquirir su automóvil.
Para sus colegas del diario veracruzano, el crimen perpetrado el 11 de agosto afuera de su domicilio, seguramente responde a un texto publicado el 9 de agosto donde informaba de un operativo militar en la región para aprehender a los integrante de la banda “Los Chupaductos”, dedicad a extraer combustible ilegalmente.
En la nota, el periodista mexicano hacía referencia a los posibles nexos entre Fermín Vanegas Fernández, director de la policía municipal –prófugo desde hace unos días- con el citado grupo delincuencial.
Además de exigir que el caso sea turnado a las autoridades federales, el responsable para América de RSF, Camille Soulier recordó que en abril pasado, en medio de la visita que Christophe Deloire, secretario general de la ONG realizó a México, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong reiteró su voluntad de reestructurar el mecanismo de protección a periodistas.
Sin importar que ya va media docena de comunicadores asesinados por su labor periodística, tras cinco meses de la visita no se muestra cambio alguno, y por el contrario la situación parece empeorar.
Viejas agresiones a El Buen Tono
Además de la muerte de su corresponsal oaxaqueño, el rotativo que se edita en Veracruz denunció amenazas en abril de 2014. Aunque, ya en 2011 un comando armado incendió su redacción, caso que hasta la fecha no ha sido resuelto, luego de que en 2013 la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión se declarara incompetente y lo canalizara al ministerio público local.
