(22 de abril, 2014).- El domingo 13 de abril, una comisión de 20 personas realizaba un rondín en parcelas ubicadas en las inmediaciones de la Normal Emiliano Zapata, en el poblado de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos, ante el aviso de un lugareño de que las empresas encargadas de la construcción del gasoducto del Plan Integral Morelos (PIM) habían colocado tubos y maquinaria en el lugar sin la anuencia de los pobladores de la región.
Al lugar arribaron policías del Mando Único, del estado de Morelos, lanzando disparos al aire para amedrentar a los lugareños. La gente empezó a huir ante el riesgo de enfrentamiento, sin embargo, cinco personas fueron detenidas, golpeadas y una más recibió impactos de bala, por oponerse tajantemente a la construcción del gasoducto que literalmente rodeará el poblado, además de que afectará la actividad agrícola de la región y representa un riesgo latente por ser Amilcingo una zona con alta actividad sísmica cercana al volcán Popocatépetl.
Amilcingo es uno de los poblados que conforman el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT) que se oponen al PIM. los pobladores de la región compartieron con REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO lo ocurrido el domingo 13 de abril en el que denunciaron diversas violaciones a sus derechos humanos.
Es viernes santo y unas 15 personas nos reciben en la plaza principal, deciden abrir las puertas de la cancha de basquetbol para blindarnos del calor del medio día. Traen sillas de plástico, llaman a los abuelos y a las personas que resultaron agraviadas en el incidente del domingo. Nos sentamos en círculo para hablar de la lucha del pueblo, se siente un ánimo indignación que colinda con el enojo y la frustración porque sus demandas no son escuchadas.
Hablamos del temblor que ocurrió alrededor de las 9:30 horas de esa mañana. Comentan que nos encontramos en una zona sísmica y que, aún así, el gobierno del estado insiste en poner el gasoducto bajo sus pies. Un joven pregunta si nuestro medio sí publicará lo que dicen e indignado señala que en las noticias los han tachado de ignorantes.
Empieza la reunión con un comunicado dirigido a los pueblos indígenas de México, que activistas de la región han llevado a su asamblea. Se da lectura e iniciamos la charla, deciden darle la palabra a uno de los abuelos presentes.
Adán Rosales Rivera, de 64 años de edad, se encontraba en la zona aledaña a la Normal, iba a bordo de su camioneta cuando escuchó disparos, intentó salir de su auto pero fue emboscado por un grupo de policías que intentó abrir la puerta de su vehículo. Al encontrarse con los seguros puestos, un par de elementos lo sacaron por la ventanilla y lo golpearon en todo el cuerpo.
“Me sacaron por una ventana y en las piedras ya me empezaron a patear, me dieron varias patadas, en la cabeza en el cuerpo y la patada más fuerte que me dieron fue aquí”, nos comenta mientras señala su costado derecho. Continúa su narración con elocuencia pero lleno de frustración: “en doctor me dijeron que los golpes fueron en el hígado y en el riñón”.
Adán Rosales expresa con impotencia: “Nosotros no somos delincuentes, que lo escuche el gobierno del Estado”, al tiempo que demanda al gobernador Graco Ramírez respeto hacia el pueblo que gobierna. “Aquí es patrimonio de la Revolución, es el patrimonio que el general Emiliano Zapata Salazar nos ha dejado, ¿por qué no vamos a defenderlo?, no es delito decir que no estamos de acuerdo con el gasoducto, porque sentimos que nos perjudica. Que comprenda Graco Ramírez, él que no quiere dar la cara para dialogar para hacerle ver que no estamos de acuerdo y estamos en nuestro derecho”
Refiriéndose al hecho de que se tomen sus tierras para la construcción de un gasoducto con el capital de empresas extrajeras, Adán Rosales exclama: “Si nosotros dejamos que esto suceda en un futuro no lejano veremos cómo vuelve la esclavitud. Los de fuera serán los futuros gobernantes y nosotros puros esclavos, nuestros hijos lo serán”.
Gumaro Solís Ramírez es padre de Julio César Solís Barrera, joven de 25 años de edad herido de bala en las piernas durante el enfrentamiento. Gumaro ha llegado apresuradamente, lleva en sus manos radiografías y recetas médicas. Ya instalado en el círculo, hace una pausa y explica que quiere denunciar la falta de atención médica que Julio César recibió en los hospitales de Juanacatepec y en el de Oriente, en Cuautla, donde le pidieron la presencia del Ministerio Público para que su hijo fuera atendido.
“Cuando estaba en el hospital de urgencias de Juanacatepec más o menos como a la una y media, el doctor lejos de preocuparse por atenderlo lo empezó a cuestionar diciendo que mi hijo era un drogadicto y que a lo mejor venía de un asalto y que para atenderlo necesitaba la presencia de un Ministerio Público que de otra manera no lo podía atender”.
Ante la preocupación de la familia “porque fuera detenido injustamente, tomamos la decisión de trasladarlo al hospital de Oriente de Cuautla donde desgraciadamente tuvimos nuevamente ese obstáculo de que lejos de atenderlo, también lo empezaron a cuestionar, negándole las curaciones. Mi hijo ya casi desmayado, nos preocupaba, tomamos la decisión mi familia y yo de trasladarlo a otro hospital, porque mi hijo ya había perdido mucha sangre”.
Las personas reunidas escuchamos con atención, hombres y mujeres presentes, miran hacia el suelo, por momentos levantan la mirada para ver a su compañero, escuchan en silencio. En el hospital de Oriente de Cuautla le exigieron a Gumaro el pago de 5 mil 500 pesos, para poder trasladar a Julio César a otro centro de salud, “preocupados por su salud nosotros tuvimos que pagar esa cantidad y sin que lo atendieran. De ahí lo trasladamos al hospital de Constituyentes, ahí afortunadamente el doctor pues más tardamos en explicarle que en atenderlo, ahí sí tuvimos muy buena atención”.
Ahí fue diagnosticado como víctima de heridas de bala, tal como muestran los documentos médicos que nos presenta Gumaro Solís, quien hasta el momento teme por represalias en contra de su hijo. Y añade: “Debo desmentir al secretario de gobierno que es Jorge Messeguer Guillén que asegura de que la policía venía únicamente a defender no sé qué situaciones, donde el Mando Único no traía armas de fuego y que únicamente venía a hacer acto de presencia, no sé con qué intención y yo quiero poner en claro de que ellos sí vinieron a agredir con armas de fuego, porque mi hijo fue atendido en los hospitales, lo atendieron por arma de fuego”.
Además de pagar 5 mil 500 pesos en el hospital de Oriente, la familia de Julio César, pagó 2 mil pesos por honorarios médicos y 4 mil 388 por hospitalización, más medicamentos por heridas de arma de fuego. Además de los documentos médicos de su hijo, Gumaro nos pregunta si queremos ver las radiografías: “Tiene incrustado el plomo en ambas piernas, por defender la Madre Tierra, por defender nuestros derechos. Eso no es un delito, es un derecho que tenemos nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, sí”.
Nos muestra las radiografías, los recibos e insiste en que teme por la vida de su hijo, por el bienestar de su familia y su pueblo. Ha ocultado a su hijo fuera de su domicilio porque “este gobierno es represor”.
Después los lugareños ceden la palabra a Aaron Aguilar de 40 años de edad, quien cuenta que en el rondín, “iban tres mujeres, una de ellas se cayó, la agarraron de las greñas y me regreso a tratar de ayudarla, y ahí fue que me agarraron. Me golpearon… yo ya me sentía mareado y les pedí [a los policías] que me ayudaran. Al entrar hacia la Escuela Normal ahí por Jantetelco, me desmayé, luego ya no sabía dónde estaba, cuando desperté… ya en los separos me dijeron que me llevarían una ambulancia pero no fue así. Allá estaba TV Azteca y me preguntan que qué había pasado y decía qué había pasado, que estaba cuidando mi tierra, la vida de mi pueblo; cuando uno de los policías me dice así, groseramente y vulgarmente ‘cállate’ y en TV Azteca no salió nada”.
Dentro de su reclusión, Aaron detalla que no les permitían ir al baño, ni beber agua. “Nos daban mentadas de madre –con perdón de usted–, me llevaron con un médico y el médico no hizo nada. Luego ya me llevaron al hospital general de Cuautla, pero yo creo que la policía y los médicos se ponían de acuerdo porque nunca me hicieron caso. Me tuvieron ahí en los pasillos, custodiado por los policías sin tomar agua ni alimento”.
El mega proyecto Plan Integral Morelos es impulsado por el gobierno federal, los gobiernos estatales de Puebla, Tlaxcala y Morelos, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como por las empresas transnacionales Elecnor, Enagas, Abengoa y Bonatti SPA. El Frente de Pueblos en Defensa por la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala han ofrecido argumentos desde hace dos años para evitar que se lleve a cabo.
El Frente ha expuesto que tanto el Comité Científico de Riesgos del Volcán Popocatépetl del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México como el Centro Universitario para la Prevención de Desastres de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, no avalan al PIM que comprende la construcción de un gasoducto, un acueducto y dos termoeléctricas, por el riesgo que implica obstruir las vías de desalojo de los pueblos del volcán.
Aaron continúa su relato, maltrecho se acomoda lentamente en su silla: “Nuevamente llegó la judicial a amenazarme, y ahí seguí diciendo que nosotros no estamos de acuerdo con el gasoducto. Me dijeron que si les decía los nombres de los que estaban de líderes me adelantaban mi acta de libertad. Y yo dije que no, que ya sabía yo que los de derechos humanos me decían que no podía declarar nada si no había un abogado. Ya después le bajaron”, externa.
En el pueblo como en otras comunidades afectadas, han comprado a la gente, dicen que algunos respaldan al gobierno estatal, pero “no somos todos ni la mayoría, son sólo algunos a los que han logrado convencer con mentiras”; a las afueras del hospital se encontraba la esposa de Aaron a quien “también la estaban amenazando de que dijéramos quiénes eran los compañeros que andamos en el movimiento. No la intimidaron tampoco”.
La reunión termina con los ánimos atizados, algunos no hablan, las mujeres insisten en que se debe denunciar, algunos más prefieren no decir sus nombres. “Según Graco dice que no es represivo, pero es peor que represivo, no es posible que sea nuestro gobernador, es una desgracia para todo Morelos”. La gente nos despide, para que continuemos con nuestro recorrido por el siguiente pueblo. El abuelo Adán pregunta dónde podrá comprar un ejemplar, le explicamos que es un medio que se consulta por Internet. –¿Y es gratis?, –Sí, –Gracias, se despide con un apretón de manos.
