Huexca
(05 de mayo, 2014).- “Despojo”, es la palabra que pobladores y activistas utilizan para referirse al Plan Integral Morelos impulsado por el gobierno morelense de Graco Ramírez. Este mega proyecto comprende la construcción de dos termoeléctricas, un gasoducto de 150 kilómetros y un acueducto con longitud de 10 kilómetros.
El Plan Integral Morelos fue dado a conocer en 2011, un año después inició una estrategia de “despojo” de tierras en más de 80 comunidades en las entidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos. A algunos pobladores lograron convencerlos con “mentiras”, a otros los compraron para que dieran el aval al proyecto de Graco Ramírez “sin el consentimiento de toda la comunidad”, comenta Adán Saúl Rosales de 64 años, poblador de Amicilgo, Temoac.
Sus demandas no han sido escuchadas por el gobernador, a cambio delas peticiones de diálogo los pobladores de estos sitios han sido presas de actos represivos. Es así como comienza a campear el miedo ante las amenazas que se han vivido en los últimos dos años, por parte de las policías estatal y federal, tal como lo aseguran activistas de Tepoztlán, pobladores de Amilcingo, Tenextepango, Huexca y Jantetelco.
En Tepoztlán la resistencia se originó a raíz de la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, en 2012. Para dicha ampliación supuestamente se concedieron permisos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), los cuales fueron firmados sólo por 23 de los 150 ejidatarios.
Osbelia Quiroz González, profesora de educación básica jubilada, señala: “ahora ya no somos ni libres de ir para allá a esos lugares [donde se lleva a cabo la ampliación], porque están con su policía y luego luego amenazan los de Tradeco [constructora transnacional] nos dicen ‘ustedes se van de aquí o llamamos a la policía’ y es tan rápida la policía que la gente optamos por salirnos”.
La maestra afirma que han habido varias violaciones a los derechos de las personas, para ilustrar algunas de ellas narra que “a las muchachas les recogen sus celulares, los de Tradeco dan la orden para que se hagan zanjas y los autos ya no salgan, es una cosa espantosa, con toda esa gente que tiene el compromiso terrible de destrozar todo. No respetan los amparos”, que han impuesto ante diferentes instancias.
El Frente en Defensa de Tepoztlán es una de las organizaciones que conforma el Frente en Defensa de la Tierra y Agua, Tlaxcala, Puebla y Morelos (FDTA-TPM) desde hace dos años, sus miembros argumentan que con su lucha no sólo defienden la tierra, sino también la cultura, las tradiciones indígenas, las formas ancestrales de organización en las que las decisiones se toman en comunidad, así como los espacios arqueológicos que se han visto en riesgo por la ampliación de la carretera.
Este despojo está ligado al PIM, en el que, aseguran, se viola el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del municipio publicado en el Diario Oficial en el año de 2009. Hasta el momento se han destruido zonas arqueológicas en el cerro de Yohualinchan en el paraje de Tlaxomolco, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que la SCT y la empresa Tradeco puedan continuar con los trabajos de ampliación.
Breve recuento de la represión infringida por los gobiernos estatales
Durante el recorrido realizado por este medio a un puñado de poblados que viven esta situación de despojo, visitamos a Jaime Domínguez, quien resume los actos de mayor represión vividos desde el 2012. Entre ellos la irrupción de la policía estatal en Huexca, el 23 de octubre de ese año.
Una semana después, el 31 de octubre, la policía federal irrumpió en Jantetelco, pueblo donde habita Jaime Domínguez, “cuando se tomó la presidencia [el 21 de noviembre] porque el presidente de ese entonces [David Rosas Hernández], nos había traicionado. Firmó a espaldas del pueblo el paso del gasoducto”.
El 4 de diciembre, Jaime, junto con Carmelo de la Torre, Fidel y Urbano, fue detenido durante una guardia nocturna en las inmediaciones del Palacio Municipal. “Más de 250 elementos cercaron todo el pueblo, quitaron la campana de la iglesia, la cuerda que era con la que nos comunicábamos. Me llevan a Cuernavaca y en el trayecto maltratos golpes, las esposas muy apretadas, fui liberado por la presión que se ejerció a través de las redes sociales, por los compañeros y asociaciones de derechos humanos”.
A partir de la lucha organizada de los pueblos y comunidades indígenas, la construcción de la termoeléctrica en Huexca, municipio de Yecapixtla, fue detenida temporalmente. En ese año, 2012, la gente de la comunidad había tenido un primer logro; de hecho, en el mes de julio fue sede del Encuentro Nacional Estudiantil #YoSoy132 y, en aquel entonces, la construcción se había detenido. Hoy esta central de generación eléctrica está prácticamente concluida y para su operación requiere de gas natural como energético, el cual se planea, sea transportado desde los ductos de Pemex al sitio de la central, desde Tlaxcala pasando por Puebla.
Huexca
“Estamos hablando que en ese proceso se atrasaron las obras, ya casi estaba terminada la primera termoeléctrica pero vieron que no tenían el gasoducto disponible entonces lo que hicieron fue que se dejaron venir con el gasoducto sin permisos, pensando que iban a atropellar a la gente, pensando que tienen el uso de la fuerza, es así como lo vienen instalando hasta llegar a Amilcingo”, narra Jaime.
La comunidad de Amilcingo está ubicada en una zona sísmica por su cercanía con el volcán Popocatépetl y estará rodeada por el gasoducto hacia el sur. Los lugareños de esta región señalan que no están de acuerdo con que debajo de sus pies corran alrededor de 9 mil millones de litros de gas.
Jaime expresa que la gente en Amilcingo no conocía de la magnitud del problema “hasta que ya vio el tubo fue cuando se empezó a organizar junto con otros pueblos del estado de Puebla San Juan Amecac y Temascalcingo y otros más se juntaron para hacer frente”.
Amilcingo
Sin embargo, en Amilcingo también se registraron detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos tal como lo narran Adán Rosales, Gumaro Solís y Aaron Aguilar, cuyos testimonios fueron registrados en el reportaje: Megaproyecto en Morelos: despojo y esclavitud
“Estaban generando muchas resistencia en todas las comunidades de lo que es de aquí de Morelos hasta Atlixco, que de repente se vieron en riesgo”, por lo que la respuesta del gobierno de Morelos y Puebla ha sido dispersar las movilizaciones a través del uso de la fuerza pública, mediante amedrentamientos y generando división entre los habitantes.
El primer caso de represión hacia los defensores de sus tierras en este año fue el de Avelino Velázquez, comisariado de Bienes Comunales de San Juan Amecac, municipio de Atzizihuacan, Puebla, cuyo domicilio fue cateado por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de esa entidad y se le giró una orden de aprehensión acusado de robo agravado y obstrucción de obra pública. Avelino promovió un amparo, el cual le fue condicionado al pago de 90 mil pesos para ser efectivo.
Después, detuvieron “a la compañera Enedina Rosas el 6 de abril y el 7 a Juan Carlos Flores por un delito que no cometió, pues él no estuvo presente por esa toma que hicieron allá en Puebla”, donde supuestamente infringió la ley.
Enedina, de 60 años de edad, comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, municipio de Atlixco, fue acusada del robo de dos celulares, así como de obstaculizar los trabajos de la empresa italiana Bonatti, transnacional que estará a cargo de la construcción del Gasoducto en Puebla. Por su parte, Juan Carlos Flores Solís, representante del FPDTA-TPM, activista y defensor de derechos humanos, enfrenta cargos por obstrucción de obra, despojo y destrucción de infraestructura.
Finamente a Abraham Cordero Calderón, presidente del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada, se le persigue por privación ilegal de la libertad, amenazas e ilícitos en agravio de funcionarios públicos, sin derecho a fianza.
“Vemos que hay más órdenes de aprehensión y las van a seguir habiendo conforme los pueblos vayan resistiendo, a la compañera Enedina la acusan de haberse robado dos télefonos celulares, ella es comisariada ejidal de su pueblo y valientemente se opuso al paso del gasoducto. La detienen de una manera muy ruin, muy cruel porque la señora tiene 60 años, le fabrican un delito, al compañero Juan le fabrican otro delito”, exclama Domínguez en entrevista.
Mientras tomamos agua en la cocina de su casa, Jaime nos muestra documentos de sus propias aprehensiones por su labor como activista, defensor de derechos humanos y por oponerse al Plan Integral Morelos. El 19 de septiembre de 2013, Jaime fue privado de su libertad por segunda ocasión en la colonia Tepepa, municipio de Cuautla, cuando trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciaban trabajos para la construcción del gasoducto, pese al acuerdo con el presidente municipal de suspensión de obra hasta octubre de ese año.
“La Comisión Federal de Electricidad viene engañando a la gente, viene dividiendo a la gente y ocurre una cosa muy grave, que los pueblos vienen viviendo una ruptura del tejido social, ocurrió en Huexca, en Jantetelco y en Amilcingo, es el trabajo en el que están con desunir al pueblo con proyectos, con rumores, con falsas promesas, porque eso son: falsas promesas. Aquí en mi pueblo, Jantetelco, el gasoducto pasa como a 100 metros, lleva 9 mil millones de litros de gas natural diario, es un monstruo pues”, lamenta Jaime Domínguez.
El PIM, comenta, “es un proyecto que abarca 83 comunidades, es un proyecto que va a pasar por 83 pueblos Y comunidades”, reitera. Y sobre su detención agrega “Nosotros apoyamos a los compañeros de algodonal el 19 de septiembre de 2013, fui aprehendido por la policía estatal, cuando nos retirábamos”, no se le notificó la razón de su detención, fue víctima de tortura física y psicológica por parte de los policías del Mando Único.
“El conflicto es grande, nosotros somos los reprimidos, pero ellos son los del conflicto, es un dinero que pues ellos [empresarios extranjeros] piden prestad , en el caso del gasoducto es una empresa que no tiene dinero, le pide 15 millones de dólares a Banobras, o sea, nosotros los mexicanos les prestamos a los españoles para que vengan a hacer negocio y todavía nos repriman. Ellos están pagando intereses con nuestros propios recursos, en ese sentido, tienen que enlazar el gasoducto lo más pronto posible dado que están perdiendo, llevan atraso y como cada vez más estén en dificultades, pues la actitud es: vamos a pasar por los pueblos. Sin importar si tienen o no el permiso”, explica.
El conflicto, como indica, Jaime Domínguez, “es grande”, la estrategia de despojo de las transnacionales con el aval de los gobiernos de las entidades consiste en hacer imperar el miedo, generar división entre los habitantes de las comunidades. Sin disposición al diálogo por parte de los gobiernos de los estados, se han registrado violaciones a derechos humanos y detenciones arbitrarias, por lo que incluso, intelectuales, académicos y políticos se han pronunciado en contra.
El conflicto abarca a más de 80 comunidades, en la siguiente entrega se abordará con mayor detenimiento las afectaciones de la construcción del acueducto, así como la descomposición del tejido social.[1] Pese a esto, los habitantes de la región de Tenextepango y Huexca saben que no pueden permitir el agravio a su forma de sustento, a sus tradiciones, porque no sólo está en juego la tierra, el agua, el aire, sino también su forma de organización y cultura.
“Seguiremos en lucha, porque sabemos que tenemos razón, porque si nosotros no le echamos ganas va a pasar nuestro país a España o a otro país”, afirma Teresa Castellanos Ruiz, integrante de “Huexca en Resistencia en Defensa del Agua y la Tierra”, acompañada del abuelo José Ortega Rendón originario de Huexca…
[1] En tanto se espera, desde hace dos semanas, la respuesta del gobernador, Graco Ramírez, a la solicitud de entrevista.
