Los recientes cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos, caracterizados por el cierre de la plataforma CBP One y el endurecimiento de los controles fronterizos desde 2025, han provocado un giro drástico en las dinámicas de movilidad en México. Lo que antes funcionaba como una ruta de tránsito rápido se ha transformado en un esquema de «migración inversa», marcado por el estancamiento, la precariedad y una alarmante desprotección de la infancia.
Así lo revela una investigación realizada por la organización Plan International México en Ciudad Juárez, Ciudad de México y Tapachula, en el marco del proyecto “Respuesta humanitaria para personas desplazadas” (2024-2026), financiado por la Unión Europea.
El informe concluye que la respuesta institucional mexicana continúa diseñada para un tránsito temporal, manteniéndose desfasada frente a familias cuya estancia en el país ya supera el año.
Ciudades de tránsito convertidas en trampas de inmovilidad
El estudio documenta cómo el mapa de la movilidad se reconfiguró en tres dinámicas territoriales. Por un lado, Tapachula opera como un espacio de contención y concentración migratoria, por lo que Chiapas concentra el 63.2 por ciento de los reportes nacionales de niñez extranjera en movilidad, con un ingreso terrestre de 162,086 personas entre enero y mayo de 2026.
Por otro lado, la Ciudad de México se ha transformado en un territorio de permanencia prolongada para reconfigurar trayectorias, mientras que Ciudad Juárez actúa como un escenario de espera e inmovilidad forzada a las puertas de la frontera norte.
Las causas que impulsan este desplazamiento responden a una combinación crítica de factores socioeconómicos y situaciones de violencia. El 54 por ciento de las familias abandonó su lugar de origen debido a recursos económicos insuficientes, el 51.7 por ciento lo hizo por la inseguridad y violencia generalizada, el 39.8 por ciento tras sufrir amenazas e intimidación, el 31.8 por ciento por necesidad de acceso a la alimentación y un 29.6% por temor directo a ser víctima de persecución.
Alimentación y salud entre las carencias más críticas
El monitoreo de protección destaca una grave vulneración al derecho a la educación, ya que solo el 32.4 por ciento de las niñas, niños y adolescentes en movilidad están vinculados a la educación formal o flexible. Entre las principales tramas burocráticas que impiden su ingreso destacan la falta de recursos económicos, la condición migratoria, la necesidad de trabajar y la exigencia indebida de documentos como la CURP.
En Ciudad Juárez, las familias prefieren la educación informal de la sociedad civil para evitar el papeleo estatal. En la Ciudad de México se han registrado casos de segregación y acoso xenófobo en entornos escolares, manifestados en el uso de aspersores de agua para dispersar a niños o agresiones verbales.
Asimismo, en Tapachula la revalidación de estudios resulta inaccesible al estar centralizada a seis horas de distancia, y persiste un vacío legal crítico respecto a la niñez en desplazamiento forzado interno, a la cual se invisibiliza institucionalmente. Pese a ello, existen casos de éxito como el Programa de Educación Migrante de Chiapas y la Preparatoria 2 de Tapachula, que permite la figura de oyentes y ofrece señalética trilingüe.
Las necesidades prioritarias identificadas por las familias reflejan la urgencia de la crisis humanitaria. La alimentación encabeza las demandas con un 77.3 por ciento, seguida por la educación con un 65.3 por ciento y la salud con un 54.6 por ciento.
Más atrás se ubican la necesidad de medios de vida con 36.9 por ciento, la libertad de movimiento con 34.1 por ciento y el acceso a servicios de salud mental y apoyo psicosocial con 31.8 por ciento. A pesar de este cuadro desolador, el 43.8 por ciento de los hogares reportó no haber recibido ningún tipo de asistencia humanitaria durante los últimos tres meses.
Crimen organizado, explotación y violencia de género
Los riesgos que acechan a la niñez en la ruta proceden principalmente de organizaciones criminales en un 44.9 por ciento, grupos armados no estatales en un 29.6 por ciento y actores estatales civiles en un 27.3 por ciento. Entre los delitos reportados destacan el secuestro con modus operandi de suplantación policial en la frontera norte y la capital, la separación familiar, robos y la explotación laboral infantil, documentada en fincas cafetaleras de Tapachula con jornadas superiores a las 12 horas por un pago aproximado de 100 pesos diarios.
La violencia de género se agrava por la interseccionalidad racial. El 35 por ciento de las adolescentes haitianas en Tapachula reportó haber sufrido acoso verbal, miradas con connotación sexual o tocamientos no consentidos. Las autoridades también identificaron casos de cohabitación forzada de adolescentes de entre 12 y 17 años con hombres de 50 a 80 años. Del mismo modo, el uso de grupos privados en redes sociales para obtener información sobre la ruta expone a las jóvenes al peligro de captación por parte de redes de trata sexual.
Ante este panorama, Plan International México hace un llamado a las autoridades y organismos internacionales para fortalecer los sistemas de protección con enfoque de derechos, género e infancia, garantizando el acceso oportuno a servicios esenciales sin barreras administrativas.
La organización enfatiza la necesidad de complementar la respuesta humanitaria con estrategias de integración que favorezcan el acceso a medios de vida a mediano y largo plazo. Asimismo, insta a combatir la xenofobia, el racismo y el acoso escolar mediante la sensibilización de las comunidades de acogida y la prevención en entornos digitales, adaptando las políticas públicas a la realidad de la niñez que permanece en el país.
