(8 de septiembre, 2014).- La fuerte impunidad que rodea las agresiones contra niñas y mujeres, fue denunciada por Ana Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), quien afirmó que en el país no hay ninguna persona castigada eficazmente por los 18 casos de violencia que registró el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.
Del total de los casos documentados de 1998 a lo que va de 2014, sólo tres merecieron sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh); otros tres se encuentran en trámite; dos provocaron la realización de informes profundos; uno derivó en un informe de archivo y uno más culminó en una solución amistosa.
En cuanto a los restantes, cinco se incluyeron en el informe Situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México: el derecho a no ser objeto de violencia y discriminación de 2003; mientras que los tres restantes se mencionaron en el respectivo informe sobre la situación de los derechos humanos en México de 1998, ambos realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por ello, para la funcionaria colombiana es evidente que en México se mantiene un escenario lleno de impunidad que debe ser resuelto. “Cuando las manifestaciones de violencia no son investigadas ni sus responsables sancionados, ello implica que el Estado en la práctica las tolera y envía ese mensaje a la sociedad”, declaró en medio del foro “Violencia contra las mujeres en México: retos y pendientes para cumplir con las obligaciones internacionales en la materia”, realizado el pasado 19 de agosto.
En cuanto a las ocho condenas que la Coidh emitió al Estado mexicano, todas ellas involucran expresiones de violencia extrema contra niñas y mujeres. La primera de ellas conocida como “González y otras”, incluye la desaparición y feminicidio de tres jóvenes oriundas de Ciudad Juárez.
A ésta le siguieron “Inés Fernández Ortega y otras” y la de “Valentina Rosendo Cantú y otra”, en referencia a casos de violencia sexual contra una mujer y una menor de edad indígenas, cometidas por miembros del Ejército de México.
Respecto a los casos registrados por la CIDH, Marcia Aguiluz enfatizó el caso de las hermanas chiapanecas González Pérez, violadas sexualmente por soldados, y cuyo caso fue de los primeros considerados como tortura por la Coidh.
Debido a la gravedad de la situación, los órganos del Sistema Interamericano han dedicado grandes esfuerzos al caso mexicano, derivado en una lista considerable de recomendaciones por parte de la CIDH y la Coidh hacia el Estado mexicano.
El propósito de las medidas es que de manera estructural se resuelvan los “nudos críticos” de la sistemática violencia contra niñas y mujeres, al tiempo que otras están dedicadas exclusivamente a la lucha contra la impunidad en territorio mexicano.
Por su parte, en el mismo evento la presidenta de la CIDH, Tracy Robinson aseveró que la mayor inquietud del órgano que lidera es precisamente la impunidad en los casos de violencia de género no sólo en México, sino en todo el continente.
