(1 de octubre, 2014).- Los altos índices de violencia que enfrenta América Latina, así como la sobrepoblación de sus cárceles, son producto en parte del abuso que los gobiernos hacen de la prisión preventiva, tal como refiere un reciente informe de la organización Open Societý Foundations (OSF), donde indican que en todo el mundo son detenidas aproximadamente 3.3 millones de personas diariamente.
En el caso del continente americano, el documento elaborado como parte de una iniciativa de justicia de OSF, precisa que existen 975 mil 100 personas en prisión preventiva, mientras que en Latinoamérica más de 40 por ciento se encuentran detenidos sin un juicio correspondiente, situación que como menciona el sitio especializado InSight Crime, podrían modificarse con suficiente “voluntad política”.
El presente de Latinoamérica y el Caribe resulta tan sombrío en el tema, que datos del International Centre for Prision Studies (ICPS), citados en el informe de OSF, indican que seis países de la zona se ubican entre los primeros 20 de todo el mundo con el mayor número de detenidos en esta condición.
Bolivia es la nación que encabeza la lista de la región, donde 83 por ciento de sus presos fue detenida y no ha tenido juicio; Paraguay es el segundo del rubro con 73 por ciento de su población carcelaria en la misma condición, seguida de Venezuela con 64, Panamá con 63, y Uruguay con cifras semejantes. Por su parte, Haití, la única nación caribeña en el top 20 registra 70.6 por ciento de sus detenidos en prisión preventiva.
De igual forma, América también encabeza los índices de ciudadanos en prisión preventiva por cada 100 mil habitantes, con 107 reos por dicha cantidad; cifra considerablemente mayor comparada con los 50 que se promedian en todo el mundo. En este sentido, Panamá es el país con los peores números, pues contabiliza 271 detenidos por cada 100 mil.
Otro índice a considerar mencionado por OSF, es que comúnmente los países con pobres ingresos tienen tasas mayores de prisión preventiva. No obstante, Uruguay escapa a la regla, pues está considerado por el Banco Mundial como un Estado con altos ingresos y aun así tiene una alta población en prisión preventiva.
OSF explica este fenómeno con base en que las naciones acaudaladas cuentan con la capacidad de invertir más en su sistema judicial, por lo que más casos son atendidos. Mientras que en el caso de los países subdesarrollados existe un gran atraso laboral y las prisiones preventivas se prolonga más de lo debido.
Teóricamente, como menciona el informe, si los gobiernos mundiales se decidieran a reducir la población detenida en prisión preventiva, la crisis de sobrepoblación carcelaria que afecta a todo el orbe se vería resuelta, o al menos disminuida, como en el caso de América donde las prisiones que actualmente se encuentran a 119 por ciento de su capacidad, pasarían a sólo el 103 por ciento.
Para ello, OSF incluso enuncia una sería de recomendaciones como fijar límites legales a la duración de la prisión preventiva, así como a la condiciones y el alcance de estas detenciones. Asimismo, recomiendan que los jueces busquen una opción distinta a esta figura; determinar un costo accesible para los presos de diferentes niveles socioeconómicos; instaurar sistemas obligatorios de investigación para estos casos, y elevar las facultades de los funcionarios judiciales con el fin de dejar en libertad a los presos.
