(20 de septiembre, 2014).- El 24 de agosto Carlos Arias, director de Protección Civil de Sonora, visitó una de las minas de Grupo México en Cananea. Durante su inspección notó un equipo de bombeo en el represo, construido para detener los contaminantes cruzando el río, por lo que notificó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Durante su paso por el nuevo edificio percibió que no existía un diagnóstico de riego y en función de eso, se colocaron sellos de suspensión. Días después se recibió una denuncia de que las actividades habían continuado, por lo que regresó acompañado de un notario público.
Sin embargo, el acceso les fue negado, por lo que tienen programado regresar con fuerza pública. A partir esta situación, el gobierno de Guillermo Padrés rompe cualquier relación institucional con las filiales del Grupo México.
Sobre las consecuencias por violar ordenamientos legales está una posible demanda.
En respuesta a las declaraciones del director de Protección Civil, el grupo minero lanzó un comunicado argumenta que “los procedimientos que se aplicaron durante la contingencia, en las fechas señaladas, se hicieron específicamente para estabilizar los niveles de acidez del Río Sonora y Bacanuchi”.
Finalmente, Buenavista del Cobre anunció que buscará todos los recursos legales disponibles para garantizar sus derechos.
