(03 de junio, 2014).- Desde 2005 –año en que su hijo Hugo fue secuestrado– Isabel Miranda de Wallace realizó investigaciones propias para localizar a los presuntos culpables. Además, colocó espectaculares en diversos puntos de la Ciudad de México donde ofrecía una recompensa de 250 mil pesos a quien aportara pistas sobre el paradero de los supuestos delincuentes.
En diciembre de 2010, fue galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos por su trayectoria en la defensa de víctimas de secuestro. Durante la ceremonia de premiación, realizada en Palacio Nacional, el entonces mandatario, Felipe Calderón, y el comisionado nacional de derechos humanos, Raúl Plascencia, destacaron que los avances en la resolución del “caso Wallace” se debían a la lucha que bajo sus propios medios había realizado Isabel Miranda.
Sin embargo, once meses antes de dicho evento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) integró el expediente CNDH/1/2010/427/Q, en el que habitantes de la delegación Iztapalapa denunciaron la violación de sus derechos humanos durante un operativo de la Policía Federal en el cual participó Miranda de Wallace.
Casa de seguridad
Las camionetas de la Policía Federal (PF) se estacionaron sobre la Avenida Revolución Social a mediodía. Minutos después, irrumpieron en el número 43, donde Cristian Samperio se encontraba con su primo Alejandro.
Ante el ruido que causaron los policías en su intento de derribar el zaguán, ambos jóvenes bajaron del primer piso de donde se encontraban. “Aunque estábamos dispuestos a abrir, los policías destrozaron la puerta del patio y de la casa. Cuando preguntamos qué pasaba pusieron sus armas frente a nuestras caras y comenzaron a insultarnos. Al darse cuenta de que se habían equivocado de lugar, salieron como si nada y se dirigieron a la vivienda que está a un lado”, relata Samperio.
La ausencia de una orden de cateo no impidió que los elementos de la Policía Federal registraran el lugar y destruyeran objetos que nada tenían que ver con una investigación policiaca, como las macetas que se hallaban en el patio.
Ante el evidente daño causado a su hogar, Cristian y su primo se acercaron a los policías para preguntar cómo sería reparado el daño. “Un sujeto al que todos llamaban Zaragoza se acercó para decir que nos pagarían, pero las agresiones de parte de otros elementos no se detuvieron. Uno de ellos nos pidió que nos retiráramos de ahí, de nuestra propia casa, o ‘nos darían pura verga’”.
La salida de los federales tras percatarse de su error y una breve discusión entre el primo de Cristian y uno de los federales fue grabada con celular como prueba del abuso ejercido por los policías. Inmediatamente uno de los oficiales solicitó a los jóvenes que detuvieran la grabación. Fue por esa misma razón que cuando la excavación en la casa de al lado comenzó, resultó imposible obtener una fotografía o video de la mujer que dirigía el operativo: Isabel Miranda de Wallace.
Durante doce horas, el operativo buscó el cuerpo de Hugo Alberto Wallace Miranda en la vivienda ubicada en el número 42, identificada por la madre de la víctima como una casa de seguridad donde habrían sepultado a su hijo.
La casa a la que se hace referencia se hallaba completamente vacía, pues el dueño había muerto tiempo atrás y sus hijos vivían en otros lugares, explicó Cristian en entrevista con REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO. Eso posibilitó la actuación excesiva y sin fundamento de la policía.
Evidencias fallidas
El 18 de enero, Cristian Samperio interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF); en respuesta a su oficio, la CDHDF indicó al quejoso que por tratarse de violaciones atribuidas a autoridades federales su caso sería turnado a la CNDH, donde se integró el expediente CNDH/1/2010/427/Q.
A pesar de que al relato escrito se anexaron fotografías y dos videos, para el mes de junio (5 meses después) la Comisión decidió dar por concluido el caso, ya que en los archivos adjuntos no era perceptible el número de la casa, el nombre de la calle ni los rostros de los policías.
En el oficio 322266, del cual REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO tiene copia, la CNDH también argumentó haber solicitado registros de operativos a la Policía Federal. Como esa instancia no tenía registrada ninguna operación en esa fecha, se declaró la existencia de contradicciones entre el relato de las víctimas y las autoridades. Así, en opinión de la CNDH, la familia Samperio Quintanar no contaba con pruebas “contundentes”, por lo que se les sugirió interponer una queja ante los órganos Internos de Control de la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR).
Cuatro años después de ocurrido este operativo, persisten dudas sobre el caso Wallace y la actuación de la CNDH al respecto, pues como mencionó Cristian durante la entrevista: “La desesperación y el dolor de la señora Wallace son entendibles, pero la pérdida de su hijo no la autoriza a violar los derechos humanos, mucho menos a saltarse los procesos legales”.
