- Planteó que es posible revisar el cálculo de los intereses y analizar nuevamente los pagarés sin comprometer la estabilidad del sistema financiero
Ciudad de México. Legisladores de Morena en la Cámara de Diputados plantearon revisar el costo financiero del rescate bancario de la década de 1990 y señalaron al expresidente Ernesto Zedillo como principal responsable de que los pasivos del Fobaproa fueran convertidos en deuda pública. Sin embargo, descartaron suspender los pagos debido a las consecuencias que tendría para las finanzas nacionales.
La vicecoordinadora de Morena, Dolores Padierna, sostuvo que cancelar las obligaciones derivadas del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, posteriormente transformado en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), implicaría incumplir compromisos financieros del Estado y podría afectar la confianza en el país.
La legisladora señaló que un eventual impago podría provocar salida de capitales, presiones sobre las tasas de interés y la inflación, además de afectar al sistema bancario. Por ello, consideró inviable dejar de cubrir los compromisos adquiridos, aunque reclamó que se identifique públicamente a los funcionarios que participaron en la operación.
Padierna cuestionó particularmente las condiciones bajo las cuales fueron pactados los pagarés utilizados para convertir los pasivos privados en obligaciones públicas. Según sus declaraciones, el esquema benefició principalmente a grandes capitales y trasladó el costo a las finanzas gubernamentales.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar coincidió en que debe abrirse una discusión sobre el rescate bancario. A diferencia de Padierna, planteó que es posible revisar el cálculo de los intereses y analizar nuevamente los pagarés sin comprometer la estabilidad del sistema financiero.
Los legisladores señalaron que la deuda continúa representando una carga para el presupuesto federal. De acuerdo con cifras citadas por La Jornada, hasta abril de 2025 se habían pagado 945 mil 895 millones de pesos únicamente por concepto de intereses, mientras permanecían pendientes más de 1.15 billones de pesos correspondientes a la deuda original.
El debate se reactivó después de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó durante su gira nacional que la deuda derivada del rescate bancario continuará pagándose, aunque difícilmente llegará a liquidarse por completo. La mandataria también ha cuestionado que una obligación originada durante el gobierno de Zedillo siga representando un compromiso para las finanzas públicas.
Ramírez Cuéllar también criticó que no se hayan determinado responsabilidades contra funcionarios, banqueros o legisladores que participaron en la operación. Propuso revisar los mecanismos mediante los cuales se calculan actualmente los intereses y mantener abierto el análisis de los pagarés.
Así, Morena mantiene la postura de que el Estado debe cumplir sus obligaciones financieras, mientras impulsa una discusión sobre el origen, costo y condiciones de una deuda que continúa incorporándose al gasto público casi tres décadas después del rescate bancario.
