Este jueves, cinco mujeres de las 11 que fueron víctimas de tortura sexual durante los hechos violentos provocados por operativos policiacos en San Salvador Atenco, exigieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) justicia y castigo a los responsables intelectuales y a la cadena de mando por los agravios sufridos en mayo de 2006.
Siendo una constante la exigencia de verdad, explicando que esto último significa que se acepte que fueron abusadas sexualmente, torturadas físicamente y que todo un pueblo fue violentado de manera brutal, contrario a lo que, mencionó una de ellas, dijo el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. “Quien dijo que nosotras éramos unas mentirosas”.
Lo anterior fue mencionado, luego que el juez de Ecuador, Patricio Pazmiño Freire, preguntara quien era el entonces gobernador de la región, la víctima también señaló que Peña Nieto fue actor principal en la campaña de desprestigio en contra de ellas, cuando declaró que las mujeres no habían sido violadas y que habían seguido un “manualito” para denunciar las agresiones, ante el gesto de sorpresa del juez.
La audiencia pública fue presidida por el juez brasileño Roberto F. Caldas; ahí Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo declararon sobre la represión contra la población de San Salvador Atenco, donde ellas se encontraban, ya sea como activistas o estudiantes, también narraron las detenciones arbitrarias, las torturas física, psicológica y sexual que sufrieron a manos de policías de las corporaciones municipal, estatal y federal, pero también toda la violencia que lograron observar mientras vivía, lo que ellas describen como: “un infierno”.
Ante la delegación del Estado mexicano, encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, las mujeres narraron los horrores sufridos durante los operativos policiacos en Texcoco y Atenco, así como la falta de atención médica y asistencia jurídica.
Las mujeres que desde 2008 acudieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ante la negación de verdad y justicia en México, acudieron este jueves a la CoIDH acompañadas de sus representantes, abogadas del Centro Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
A la audiencia también asistió la comisionada sobre asuntos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, como representante del órgano que turnó el caso a la Corte una vez que “durante dos años el Estado mexicano desatendió las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo sobre el caso Atenco, centradas en el esclarecimiento y castigo a responsables intelectuales y materiales de los hechos, así como a los funcionarios que negaron el acceso a la justicia”, se ha informado.
Patricia Torres Linares, quien hace 11 años fue sacada de manera violenta de la casa en la que se encontraba refugiada, dijo contundentemente a la Corte: “Que se diga la verdad de lo que pasó, que se haga justicia, que se castigue a toda la cadena de mando, a todos los que tuvieron participación (…) ninguna persona de la burocracia se manda por sí sola, es evidente que alguien les dijo que pueden golpear a la gente, pueden violar a las mujeres, y en 11 años no ha habido castigo”.
La defensa del Estado, versó en preguntas hacia las mujeres sobre si sabían que 52 servidores públicos habían sido procesados por los hechos y que, en marzo de 2013, ante la CIDH, hubo un reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano en los hechos.
Norma Jiménez y Claudia Hernández reconocieron que contaban con esa información, pero que estaban enteradas que los procesados eran de bajo rango, “que el asunto fue radicado en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y no a nivel federal, pese a la participación de policías federales, y que hasta ahora ni siquiera han sido sentenciados”.
Ante el proyecto de las mujeres de crear un centro de atención para las víctimas de tortura sexual, la titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Patricia Colchero, cuestionó si estarían de acuerdo en que el gobierno de Peña Nieto financiara su propuesta, Italia Méndez respondió que “eso se determinará con la sentencia de la Corte”.
Suhelen Gabriela Cuevas cerró los testimonios de las mujeres describiendo que, “como estudiante de periodismo de la Universidad del Valle de México (UVM), acudió a cubrir la represión en Atenco y que se mantuvo en el lugar en espera de entrevistar a representantes de la policía, pero lo que atestiguó fue violencia”.
“Vi cómo llegaban los policías a golpear a todo mundo, a niños, mujeres, viejitos y hasta a los perros, cuando vi eso, que hasta a los perros golpeaban, corrí a esconderme en una casa, de donde después me sacaron con toda la gente que estaba ahí”, dijo Cuevas, quien fue procesada por secuestro.
Suhelen, quien como sus compañeras se vio obligada a suspender su proyecto de vida por los hechos, narró que los impactos de los hechos en ellas son “mujeres rotas, que no confían en los hombres”, y que “se ha complicado su interrelación con el sexo masculino, incluso con familiares”.
A la audiencia asistieron como expertos Ernesto López Portillo y Julissa Mantilla para hablar sobre la situación de los estándares de actuación de los cuerpos policiacos en México y de la tortura sexual a mujeres.
Este viernes 17 las partes en el juicio presentarán sus conclusiones ante los jueces, quienes en las siguientes semanas darán a conocer la sentencia por el caso Atenco.
