(28 de abril, 2014).- Los miembros del Ejército mexicano involucrados en violaciones a los derechos humanos, deben responder ante la justicia civil, esa es la consigna de Amnistía Internacional (AI), organización que considera es deber de la Cámara de Diputados aprobar la reforma al Código de Justicia Militar –toda vez que fue pasada la semana anterior por el Senado— para obligar a los castrenses a enfrentarse a investigaciones y juicios lejos del fuero militar.
Para Rupert Knox, investigador de AI en México aprobar dicha reforma sería una decisión de carácter histórico, pues actualmente “la falta de independencia e imparcialidad del sistema de justicia militar ha garantizado la impunidad, alejando a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos” perpetradas por militares.
A lo largo de los años, los integrantes de las fuerzas armadas acusados de asesinar, ejercer tortura, desaparecer forzadamente, y demás violaciones a los derechos humanos de los civiles, han gozado de impunidad en el sistema judicial, escudados en gran medida en el fuero militar, situación que podría generar la sistematización de tales crímenes.
La iniciativa de ley aprobada por los senadores, representa para el investigador un avance considerable en torno a la protección de los derechos humanos, y también un logro de los varios años de campaña y litigio emprendidos por organizaciones como Amnistía Internacional que alzan la voz por las víctimas.
A pesar de que el sistema de justicia civil mexicano dista mucho de ser perfecto, ya ofrece “mejores garantías para las víctimas y sus familiares garantizándoles la verdad, la justicia y la reparación”, de acuerdos con los derechos humanos establecidos en estatutos internacionales, consideró Knox.
Esta reforma, es apenas una de las medidas que México debe consumar para apegarse a las sentencias impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las graves violaciones a los derechos humanos ejercidas a manos de miembros del Ejército, contra Rosendo Radilla, Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega, Teodoro Montiel y Rodolfo Cabrera
No obstante, AI aún considera insuficiente la reforma, ya que los juicios contra militares que agredieron a otros miembros de las fuerzas armadas no son incluidos y seguirán desenvolviéndose dentro de los tribunales castrenses. Al respecto, Knox indicó que les preocupa la posibilidad de que la reforma permita a fiscales militares y policías inmiscuidos en las investigaciones de delitos comunes, elevar su protagonismo en el sistema de justicia penal.
“En las reformas posteriores, instamos al gobierno mexicano y la legislatura a aceptar que las víctimas militares también merecen igual protección de la ley y a que se haga frente a estos problemas”, señaló el investigador de AI.
De diciembre de 2006 a mediados de septiembre de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que recibió 8, 150 denuncias de abusos cometidos por integrantes del Ejército. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), comenzó más de 5, 600 pesquisas de presuntos abusos cometidos por soldados contra civiles, entre enero de 2007 y mediados de 2013, aunque para octubre de 2012, sólo se había condenado a 38.
