(11 de julio, 2014).- Los actos de violencia, abusos, vejaciones y violaciones de los derechos fundamentales que viven los migrantes, sobre todo de América Central y México que viajan a Estados Unidos, no es nueva. Actualmente esta situación se ve además agravada debido al tránsito de menores de edad no acompañados que se lanzan a la aventura en busca de una mejor vida.
El presidente norteamericano, Barack Obama, ha calificado el hecho como “un asunto humanitario urgente”. Según cifras oficiales, de octubre de 2013 a mediados de junio 2014 se detuvieron a 52.000 migrantes menores de edad. El doble del año anterior. La mayoría de ellos proviene de Honduras, Guatemala y El Salvador.
La Secretaría mexicana de Gobernación ha informado que de enero a mayo de 2014 ingresaron y fueron detenidos en México 8.007 menores migrantes. El 65% tenía entre 12 y 17 años y el resto de 0 a 11 años. Lo que significa un incremento del 129% en relación con el mismo periodo del año anterior. Diariamente son detenidos unos 53 menores. Además, las historias que se cuentan en los centros de detención involucran vejaciones y abusos.
La violencia y las condiciones de pobreza que se viven en Centro América y México son graves. Cuatro países latinoamericanos reúnen 13 de las 50 ciudades más violentas del mundo: en México se registran 9 ciudades peligrosas en Honduras 2 en Guatemala 1 y en El Salvador 1.
La ciudad con el deshonroso primer lugar es San Pedro Sula, Honduras, con 1.411 homicidios por 753.990 habitantes.
Según los datos de la CEPAL, los tres países con mayor pobreza de Latinoamérica se encuentran en la región centroamericana: Honduras (67.4%), Nicaragua (58.3%) y Guatemala (54.8%). El Salvador (46.6%) está en cuarto lugar, detrás de Paraguay (49.6%) y México ocupa el octavo lugar (36.3%).
Ante una discusión empantanada en el Congreso norteamericano por la reforma migratoria y la gravedad de la situación, el vicepresidente Joe Biden visitó Guatemala el pasado mes de junio para buscar entablar un diálogo con El Salvador, Guatemala, Honduras y México.
Tras esta visita fue anunció el lanzamiento de un programa de apoyo de 40 millones de dólares para mejorar la seguridad en Guatemala. Los fondos estarán destinados a reducir los efectos de la inmigración y promover, con una inyección de 25 millones de dólares, servicios destinados a los jóvenes en El Salvador para alejarlos del crimen organizado. Además de un desembolso por 116 millones de dólares para reforzar la seguridad centroamericana y evitar la oleada de migrantes que cruzan el límite de México para tratar de alcanzar la frontera sur de Estados Unidos.
Ante esta crisis, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció recientemente cinco líneas de acción en el Programa Frontera Sur. En palabras del propio gobierno, este programa contempla el refuerzo de acciones del gabinete de seguridad nacional contra grupos delictivos que atacan a migrantes, labores de inteligencia de México y Guatemala a lo largo de la frontera y el intercambio de información biométrica en tiempo real entre ambas naciones.
El programa se compone de 5 puntos: Facilitar la obtención (gratuita) de la Tarjeta de Visitante Regional para guatemaltecos y beliceños para ingresar hasta 72 horas a los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco:
- Asegurar la adecuada operación de los 12 cruces fronterizos oficiales, 10 con Guatemala y dos con Belice.
- Duplicar las unidades médicas, mejorar albergues y estaciones migratorias y apoyar centros del DIF (Desarrollo Integral para las Familias) “que han sido superados” por la creciente migración infantil.
- Mecanismo especial para la atención de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, con El Salvador, Estados Unidos, Guatemala y Honduras.
- Crear la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur.
En Estados Unidos, el presidente Obama pidió al Congreso 3.700 millones de dólares al Congreso para financiar un mayor número de jueces migratorios, centros de detención y agentes. Esto agilizaría la deportación de los niños. Se calcula que dentro de su gestión han sido deportados más de 2 millones de personas. Mover a los jueces a la frontera para procesar o deportar menores de edad no debería ser su prioridad. El objetivo sería atender y reformar el sistema de migración, todo lo demás son meros paliativos.
Cuando las condiciones de vida se vuelven tan extremas para que la gente envié a sus hijos solos buscando atravesar más de 1.000 kilómetros por un país desconocido, con historia de violencia, corrupción e impunidad, hay algo que está mal. Hay que estar muy desesperado para llegar a este extremo. Los niños y niñas no son criminales, son víctimas de la violencia y la pobreza, víctimas de sus circunstancias.
“Estados Unidos y México deberían reconocer que se trata de una situación de meros refugiados, lo que implica que no deberían enviarlos automáticamente a sus países de origen, sino darles protección internacional”, declaró el Alto Comisionado de NN.UU. para los Refugiados.
La migración y sus múltiples causales deben ser atendidas, pero también se necesita llevar a cabo acciones urgentes para que estos menores de edad cuenten con los cuidados y la protección necesaria. Estamos ante una situación extrema, una crisis humanitaria que necesita una respuesta y coordinación de los países involucrados. Se necesita un cambio significativo en la postura que ha prevalecido. Hay que dejar de criminalizar a las personas en situación de migración y brindarles protección para garantizarles sus Derechos Humanos.
