(21 de noviembre, 2013).- “Por un gramo de oro, dejan una tonelada de piedra pulverizada, dejan un pueblo devastado donde no es posible la agricultura, la ganadería, no es posible nada” señaló esta mañana Ana Isabel León, del Movimiento Morelense contra las Concesiones Mineras de Metales Preciosos, en conferencia de prensa donde se anunció que pueblos originarios y movimientos sociales presentarán la iniciativa de una nueva Ley Minera.
Los miembros de movimientos socioambientales y habitantes de pueblos originarios señalaron que el esfuerzo de proponer una “Ley Minera desde los Pueblos y Movimientos”, resulta de reuniones, foros, conferencias, talleres, videoconferencias, entre otras actividades llevadas a cabo durante los dos últimos años en al menos 17 estados de la República.
Juan Jiménez Escobar, representante de la comunidad de Miacatlán, Morelos, señaló que con esta nueva Ley se buscará detener las concesiones que se dan en todo el territorio nacional a las empresas mineras, en su mayoría canadienses. Además, pidió a las autoridades “que el poder del dinero no sea superior al derecho a la salud, al derecho a conservar nuestros recursos naturales”.
A este pronunciamiento se sumó Saúl Anastasio Roque Morales, del Concejo de Pueblos de Morelos. “No existe ninguna protección a nuestras tierras por parte de las autoridades, ya sean municipales, estatales, federales o incluso del Congreso de la Unión, ellos son culpables de que las empresas las exploten y devasten nuestro entorno ecológico”, declaró.
La nueva Ley, declaró Francisco Cravioto Lagos, miembro de Fundar Centro de Análisis e Investigación, es una propuesta que contempla los casos de estados desde Baja California, Coahuila o Michoacán, hasta Puebla y Veracruz, entre otros.
Cravioto declaró que la proporción oficial de territorio nacional concesionado actualmente es del 16 por ciento; sin embargo, refirió que es una cifra muy por debajo de la realidad. Asimismo, señaló que muchas de las empresas mineras declaran ser fundamentales para la economía de México, siendo que éstas sólo dan empleo a 107 mil personas y la extracción y beneficios de metales y no metales representa el 0.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
La propuesta que oficialmente se presentará el día domingo, señaló Cravioto, busca que la actividad minera deje de ser preferente por encima de otras actividades, que se establezca la participación de la población de manera vinculante tal como lo establecen la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en el caso de los pueblos originarios, y en el caso de los que no lo son, que sea a través de participación abierta de la ciudadanía.
El eje transversal de la propuesta de la Ley Minera, indicó el miembro de Fundar, es que se establezca y se regule la obtención de licencia social a través de los procedimientos y consulta o participación en el tema de concesiones para exploración, explotación y beneficio minero, para exploración minera que custodia el Servicio Geológico Mexicano, así como las prórrogas a concesiones para explotación y el beneficio minero, entre otros supuestos.
Entre otros de los adelantos que se dieron a conocer el día de hoy sobre la Ley Minera que se presentará al Legislativo, se incluye el establecimiento de un capítulo sobre derechos de las poblaciones indígenas que incluya el derecho de acceso preferente a los recursos naturales dentro de su territorio, que se separen las concesiones de explotación y beneficio minero y se establezcan plazos no mayores a 20 años prorrogables para la duración de una concesión de explotación y beneficio.
“Buscamos que se establezcan lugares y circunstancias bajo las cuales se prohíba el otorgamiento de concesiones como áreas naturales protegidas y equivalentes, monumentos históricos y áreas definidas como estratégicas” mencionó Francisco Cravioto.
Los presentes convocaron a la “Jornada Nacional por una Nueva Ley Minera desde los Pueblos y Movimientos” el próximo domingo 24 de noviembre de 10:00 a 18:00 horas, la cual se desarrollará desde la Glorieta de la Palma hasta el Ángel de la Independencia, donde “habrá denuncia y protesta, pero también solidaridad y propuestas”.
