(8 de octubre, 2014).- Luego de que se abstuviera a retener durante 48 horas a inmigrantes aprehendidos en la prisión de Rikers Island a petición del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por delitos de presunto terrorismo, Nueva York es la nueva ciudad que desafía la política migratoria nacional por considerarla “inútil y una vulneración de los derechos civiles” de muchos indocumentados que viven en el país y pagan sus impuestos desde hace años.
El Consejo Municipal de esta ciudad, quienes cuentan con el apoyo del alcalde, el demócrata Bill de Blasio, presentó una reforma que pone fin a la colaboración entre la policía y la prisión de Nueva York con las autoridades federales encargadas de la deportación; bajo esta nueva legislación, el sitio de extranjeros del ICE será clausurado y sus funcionarios trasladados.
Melissa Mark-Viverito, presidenta del Consejo Municipal y promotora de la reforma, consideró que esta nueva implementación legislativa es para que los neoyorquinos dejen de colaborar en un sistema “disfuncional” que criminaliza a los inmigrantes a “dolorosos procesos de deportación que les apartan de sus familias sin haber cometido un delito grave”.
Y es que cuando una persona indocumentada es detenida en Nueva York, es llevada a Rikers Island, donde se le toman sus huellas dactilares e información personal que es introducida en una base de datos federal para ser compartida con otros organismos de seguridad, por ejemplo el ICE.
Tan sólo en el periodo octubre de 2008 al 31 de agosto de este año, la agencia ha tramitado 900 mil peticiones de retención para individuos detenidos en Nueva York, de los cuales más de 2 mil fueron expulsados, de acuerdo con datos del propio ICE.
Asociaciones de derechos civiles denunciaron que se ha permitido deportar a cientos de miles sin amparo judicial: “Con este cambio, muchas familias ya no serán innecesariamente destrozadas. Como hemos dicho en otras ocasiones, si el Congreso de Washington no actúa, lo haremos nosotros”, dijo Mark-Viverito.
Recientemente el diario The New York Times apuntó en una editorial que “el procedimiento actual “se ha mostrado muy efectivo para romper familias pero poco acorde con lo que debería ser una legislación sobre inmigración más humana y propia de un Estado de Derecho”.
El diario añadió ya son muchos tribunales federales quienes plantean que las 48 horas de retención adicional han provocado serios problemas de constitucionalidad, pues no responden a órdenes judiciales de arresto, sino a simples solicitudes administrativas sobre personas que no representan un peligro para la sociedad estadounidense.
Daniel Dromm, miembro del Consejo Municipal neoyorquino y promotor de la iniciativa explicó que “esta legislación separa los asuntos migratorios de los criminales y nos permitirá vivir más seguros, ya que animará a las comunidades de inmigrantes a informar de los crímenes y a colaborar con las autoridades”.
Hasta el momento son Nueva York, Filadelfia, San Diego, Chicago, Los Ángeles, quienes se han rebelado contra las políticas federales por considerarlas “inútiles, caras, dañan la imagen de las policías locales y plantean dudas legales”, ya que afrontarán costosos juicios debido a que se han vulnerado derechos humanos.
Por último, un funcionario del ICE indicó que la actitud del Ayuntamiento de Nueva York afecta el objetivo principal de la Secure Communities Act, cuyo fin es obtener ciudades más seguras: “Muchos de los que sean liberados cometerán delitos graves”.
