(19 de octubre, 2015).- El obispo de Saltillo, fray Raúl Vera López, podría ser llamado por la justicia, explicó el secretario de Gobierno de Coahuila Víctor Zamora Rodríguez, por ingresar junto con periodistas extranjeros a los terrenos en donde se construye el basurero de residuos tóxicos, Cimari, en el ejido Noria de la Sabina de General Cepeda.
La problemática a la que Revolución TRESPUNTOCERO ha dado seguimiento, dio inicio en 2013, cuando los habitantes de uno de los municipios más pobres de Coahuila, denunciaron que autoridades federales, estatales y el empresario Daniel Calvert buscaban imponer la construcción de un basurero tóxico.
En su lucha contra el basurero tóxico, los habitantes del poblado han padecido la indiferencia de las autoridades locales y el tráfico de influencias a decir por ellos, además de la presencia de policía estatal y municipal a manera de intimidación.
Luego que la semana pasada diera inicio la entrega de citatorios, firmados por Olga Deyanira Fuentes Ramos, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de Saltillo, en donde a los destinatarios (miembros del movimiento en contra del basurero tóxico), se les acusara por despojo de inmueble, este domingo se dio a conocer que la empresa propietaria y responsable de la construcción del Cimari en General Cepeda denunciará a más personas por irrumpir en las obras de este confinamiento, entre los posibles imputados estaría el obispo Raúl Vera.
De acuerdo con Javier Calderón, director general de Sociedad Ecológica Mexicana del Norte (SEMSA), la estrategia legal da paso a dicha acción, luego de que el pasado jueves un grupo de personas ingresó a la propiedad privada, rompiendo candados del pozo de monitoreo.
Cuestionado al respecto, el Secretario de Gobierno dijo ayer que: “al parecer sí hay una denuncia de los empresarios. Al parecer, extraoficialmente, hay una denuncia de los empresarios contra los que invadieron el predio” (incluidos el obispo Vera).
Sobre la causa penal que se seguiría en contra del Obispo de Saltillo, quien estuvo en el sitio, el Secretario de Gobierno dijo que primero se tendría que ver por qué fue la denuncia.
“Sí supe que hubo extranjeros ahí, periodistas extranjeros. Que a ustedes no los dejaron entrar, pero hay que ver cómo está la denuncia”, explicó.
Por el bloqueo que existe en el terreno del Cimari la empresa calcula que ha tenido pérdidas de hasta 600 mil pesos por cada semana que no se puede estar realizando las obras.
