(12 de octubre, 2015).- La Organización de las Naciones Unidas destapó otro preso político que fue enjuiciado injustificadamente en Oaxaca por lo que el grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU solicitó al Estado mexicano la liberación del líder de la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades, Librado Jacinto Baños Rodríguez.
Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto y en particular al de Gabino Cué que ponga en inmediata libertad a Baños Rodríguez.
Relató que en el periodo de sesiones número 72, celebrado en Ginebra Suiza, el grupo de Trabajo emitió su opinión respecto de la detención arbitraria ocurrida el 25 de agosto de 2013 en Pinotepa Nacional, Oaxaca.
Al domicilio del activista ingresaron aproximadamente 50 militares y detuvieron a su esposo, el licenciado Librado Jacinto Baños Rodríguez; durante la detención los militares golpearon a los hijos de Rivero Ortiz, un niño de 10 años y una adolecente de 15.
Junto con el licenciado Baños Rodríguez, fueron detenidos Francisco Javier Díaz Arellano y Pablo Maximino Bernal Palacios; Rivero Ortiz comentó que al momento que se los estaban llevando, los pobladores intentaron evitar las detenciones, pero policías y militares dispararon contra la gente del pueblo.
El Grupo de Trabajo también solicitó adoptar las acciones necesarias para atender las preocupaciones motivadas por el deterioro de salud de Baños Rodríguez y continuar con la asistencia médica necesaria aun después de su liberación. El Cedhapi señaló que este caso evidencia que en México existen “presos políticos”, ya que en su deliberación el Grupo de Trabajo refirió:
“El señor Baños Rodríguez es un defensor de derechos humanos que defiende los derechos de las comunidades indígenas mixtecos, amuzgos, chatinos y afro-descendientes; particularmente sus derechos económicos, sociales y culturales. Ha sido sujeto a diversas agresiones y a actos de hostigamiento e intimidación, incluyendo detenciones previas, tortura, golpes y amenazas de muerte contra él y contra su esposa.
“Como resultado, el Grupo de Trabajo considera que su arresto, detención y actual procesamiento han sido designados como actos de retaliación y represalia por su activa defensa de los derechos de la población indígena y afro-descendiente de la región”.
Con información de Proceso
