En una carta pública dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, diversas organizaciones de derechos humanos internacionales y regionales exigieron al gobierno mexicano crear un mecanismo de seguimiento efectivo para el caso Ayotzinapa.
“Las organizaciones abajo firmantes le escribimos para expresar nuestra preocupación sobre el retraso en establecer el mecanismo de seguimiento para la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a más de dos meses del fin del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”, inicia la misiva.
Recordaron que En noviembre de 2014, reconocieron “la importancia del acuerdo que el Estado mexicano firmó con la CIDH, las familias de las víctimas y sus representantes legales para crear el GIEI, con el fin de proporcionar asistencia técnica en la investigación sobre los estudiantes desaparecidos”. Indicaron que la comunidad internacional y organizaciones mexicanas reconocieron que el trabajo del GIEI era imprescindible para ayudar a esclarecer los hechos.
En este contexto, advierten “el hecho de que el Estado mexicano se negara a facilitar las condiciones en México para que el GIEI cumpliera con los objetivos de su mandato y la consecuente decisión de no prorrogar el mandato del GIEI después del 30 de abril de 2016, fueron desalentadores” y agrega que “los hallazgos del GIEI sobre una posible obstrucción de la justicia por parte de agentes del Estado en el caso también resultan alarmantes”.
Advirtiendo que hasta el día de hoy las autoridades mexicanas no han cumplido con la localización de los estudiantes desaparecidos, la medida cautelar de la CIDH que llevó a la creación del GIEI continúa vigente.
El mecanismo, señalan, debe incluir 5 elementos esenciales que la CIDH solicitó al Estado mexicano: el mandato expreso de dar seguimiento a todas las recomendaciones del GIEI en sus dos informes y a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH;un equipo operativo de tiempo completo de al menos dos personas quienes deberían poder ingresar y permanecer en México sin limitaciones de tiempo; visitas periódicas por parte de la CIDH; la difusión de información que dé cuenta del estado de cumplimiento; y el acceso pleno del equipo del mecanismo y la CIDH a la información del caso.
“De contar con estas condiciones, el mecanismo mostrará la voluntad del gobierno mexicano de cooperar con la CIDH alrededor del caso, así como su compromiso de cumplir con su obligación de garantizar la verdad y la justicia para las víctimas”.
Las organizaciones llamaron al gobierno federal a que el nuevo mecanismo cuente con la plena cooperación “de manera que no se repitan los obstáculos que enfrentó el GIEI durante su mandato”.
A parte de WOLA, la carta fue firmada por una decena de organizaciones, entre ellas, Amnistía Internacional; Brigadas Internacionales de Paz (PBI); Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Open Society Justice Initiative; y Robert F. Kennedy Human Rights.
