Rodrigo Hernández López / @lopezperiodista
(25 de julio, 2014).- Ante la propuesta recién aprobada de que el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto, asuma los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la deuda nacional podrá aumentar en un 40 por ciento, pues estos conceptos representan casi 2 billones de pesos y se sumarán a los 4.5 billones que ya pagan los mexicanos.
La propuesta de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, sugiere que el pasivo laboral de la paraestatal se convierta en deuda pública.
El pasivo laborar consta de las siguientes obligaciones de Pemex con los trabajadores:
1.- Pensión, prima por antigüedad, por concepto de jubilación por vejez o incapacidad.
2.-Liquidación y prima por antigüedad de 15 años o más.
3.- Pensión postmortem, así como apoyo para una canasta básica.
Los pasivos de la Comisión Federal de Electricidad son aproximadamente cerca de 500 mil millones de pesos, que representa la totalidad de la deuda de los estados en la banca comercial, que asciende a 481 mil 079 millones de pesos.
La propuesta fue realizada por los legisladores del PRI y con acuerdo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que encabeza el senador Carlos Romero Deschamps, buscando que la Secretaría de Hacienda asumiera el pasivo cuyo saldo es de un billón 347 mil millones de pesos, que equivalen casi al 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
De acuerdo con el gobierno el objetivo de esta medida es fortalecer a las empresas del Estado para competir con las empresas extranjeras a las que el Enrique Peña Nieto les abrió las puertas con la reforma energética.
De acuerdo con el diputado Juan Bueno Torio, del PAN, el rescate de las pensiones de Pemex y la CFE, “anda por arriba de 12 por ciento y el rescate del gobierno en este sentido sería de 4 por ciento del PIB, alrededor de 700 mil millones de pesos”, pero destacó que si todo funciona bien las pensiones se tendrían que pagar en los próximos 30 años aproximadamente.
Por su parte el coordinador del PRD en San Lázaro, Silvano Aureoles Conejo, consideró como “un hecho indebido” que el gobierno federal absorba el pasivo laboral “se me hace inaceptable, resultado de errores y de fracasos y de actos de corrupción y de todo lo que nos podamos imaginar, (que) otra vez el pueblo de México tenga que cargar con esos costos.
Para el profesor José Antonio Quesada, de la Universidad Anáhuac de Norte “el gobierno puede garantizar el pago, pero al final necesitará otras fuentes de recursos y si no los saca de las nuevas entidades, tendrá que ir por los recursos públicos”, es decir los impuestos de los contribuyentes.
Pero la respuesta fue bien recibida por un sector: el empresarial, pues el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, aseguró que es una deuda del Estado y como tal se tiene que reconocer, pero sobre todo pagar.
El denominado “Pemexproa” recuerda aquellas palabras de José López Portillo cuando expropió la banca mexicana: “es ahora o nunca, ya nos saquearon, México no se ha acabado, no nos volverán a saquear”, pero nos recuerda que en México la historia siempre tiende a repetirse.
