Los pasivos laborales de Pemex y CFE serán deuda pública por lo que corresponderá a toda la población mexicana asumir el pago de la misma, así lo aprobaron este viernes las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y Energía de la Cámara de Diputados. Se trata de otro Fobaproa.
Por Érika Paz
(26 de julio, 2014).- En efecto, lo aprobado rememora casos similares como el Pemexgate o el rescate carretero, en los que por el saqueo desmedido y por actos de corrupción de algunos funcionarios le corresponde al pueblo pagar el enriquecimiento de unos cuantos.
Aleida Alavez, vicepresidenta de la Cámara de Diputados exigió al “gobierno de Peña Nieto publicar los nombres de los responsables y aplicar todo el peso de la ley a quienes por sus actos de corrupción hoy endilgan otra deuda al pueblo de México”.
A la iniciativa del Ejecutivo se agregaron dos artículos transitorios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, el primero de los tres dictámenes que fueron enviados a San Lázaro como cámara origen el pasado 30 de abril.
El documento señala que el gobierno federal “podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, así como las que corresponden a los trabajadores en activo de Petróleos Mexicanos (Pemex)”. Esta medida tendrá efecto una vez que “dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, Petróleos Mexicanos alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo aplicable en la empresa y en los organismos subsidiarios, y modifique el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”.
Estos cambios deben ir enfocados a que las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso sean “financiadas bajo esquemas de cuentas individuales”, esta “aceptación del pasivo” por parte del gobierno federal se condiciona igualmente a que se ajusten los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores activos, entre los que se encuentra la edad de retiro.
En lo que respecta a la CFE el gobierno federal aceptará cubrir una proporción del pago de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores que fueron contratados antes del 18 de agosto de 2008, fecha en la que CFE suscribió con el sindicato el esquema de cuentas individuales para el personal de nuevo ingreso.
Para que así se cumpla, la CFE deberá modificar el contrato colectivo de trabajo y el Manual de Trabajo de los Servidores Públicos de Mando, igualmente, dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la Ley (que presumiblemente tendrá lugar a finales de agosto o septiembre de este año).
Estas modificaciones también estipulan que el personal de CFE, contratado antes del 18 de agosto de 2008, deberá, de manera “voluntaria”, aceptar el esquema de retiro de cuentas individuales y “la modificación de la edad de retiro”, dado que la esperanza de vida ha aumentado.
“Dichas modificaciones, sin considerar el reconocimiento del pasivo laboral por parte del gobierno federal, deberá conllevar en el mediano plazo a una reducción del pasivo laboral de la empresa”, señala el transitorio.
Explica que la proporción de la obligación de pago que, en su caso, asuma el gobierno federal “será por un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral que resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Reglamento de Trabajo”.
Así es como PRI y PAN, secundados por el Verde y Nueva Alianza, planean la reducción del pasivo laboral, y una vez que se acaten estas disposiciones, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dispondrá de las condiciones y términos de los pasivos laborales de Pemex y CFE y definirá los “mecanismos de financiamiento y esquemas de pago necesarios”.
Los pasivos laborales de Pemex ascienden a un billón 347 mil millones de pesos, y los de CFE a 500 mil millones.
Los pasivos de Pemex equivalen a una cuarta parte del presupuesto de la Federación y al 70 por ciento de los ingresos anuales de Pemex, argumentó la perredista Aleida Alavez, por lo que hizo hincapié en que las y los mexicanos tienen derecho a conocer los nombres de los responsables de una deuda que será pagada, incluso, por generaciones no natas, “gracias a los acuerdos entre el PRI y el PAN”.
Por su lado, el PRI alega que el pasivo laboral asciende a un 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) –nueve de Pemex y tres de CFE–. El gobierno federal aportaría 4%, es decir, cerca de 700 mil millones de pesos.
De acuerdo con esta fracción parlamentaria –con mayoría en el Congreso– la asunción de los pasivos laborales es factible, ya que las pensiones se deben pagar en los próximos 30 años, argumentó.
El PAN sostiene que en el caso de Pemex, los pasivos laborales convertidos en deuda pública sanearán las finanzas de la empresa para que pueda competir con la apertura del sector energético a la inversión privada.
Legisladores del PRI y del PAN rechazaron que esta medida impulsada desde Los Pinos, sea un nuevo Fobaproa, “Pemexproa”, como recién bautizaron la diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano y PRD.
En consideración del blanquiazul Rubén Camarillo Ortega, el pasivo laboral de Pemex es un lastre, que el Ejecutivo debe remediar y “como oposición responsable”, apoyó la propuesta del PRI.
Tomás Torres Mercado del Partido Verde elogió al Ejecutivo Federal por su amplia responsabilidad con Pemex y CFE, cuyos pasivos laborales superan los dos billones de pesos, una suma aún mayor que la deuda del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) e incluso mayor que la deuda reconocida del país. Sin embargo afirmó que esta causa amerita dicha asunción.
Ricardo Mejía Berdeja de Movimiento Ciudadano afirmó que se trata del “saqueo más grande al país”. Así, bajo la lógica del modelo neoliberal aderezada con una pizca de populismo financiero se planea acrecentar la deuda pública para “continuar cargando pasivos laborales” a las y los ciudadanos mexicanos.
“No sólo se privatiza el petróleo para entregarlo a manos extranjeras, sino que ahora se pretende convertir deuda pública, de todos los mexicanos, los pasivos de Pemex para ir hacia su virtual liquidación”, por lo que este Pemexproa es un “nuevo robo a la nación”.
En este sentido, Alberto Anaya Gutiérrez del PT manifestó que las privatizaciones implementadas siguiendo el modelo neoliberal traen consigo estancamiento y deterioro a las economías, mas no el bienestar para las poblaciones, como defienden PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza.
“No sólo se privatiza el petróleo para entregarlo a manos extranjeras, sino que ahora se pretende convertir deuda pública, de todos los mexicanos, los pasivos de Pemex para ir hacia su virtual su liquidación”, puntualizó.
Presupuesto especial para los órganos reguladores en materia energética 2015-2018
El segundo transitorio agregado a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, concierne al presupuesto que corresponderá a los órganos reguladores: la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), mediante las cuales el Ejecutivo intervendrá en la regulación técnica y financiera de los sectores de electricidad e hidrocarburos.
Se establecieron 350 millones de pesos para 2015, 320 mdp en 2016, 290 mdp para el 2017 y 290 millones de pesos para 2018 destinados a la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
A la Comisión Reguladora de Energía le corresponderán 400 millones de pesos en 2015, 370 en 2016, 340 en 2017 y 280 millones de pesos para el 2018, montos menores en cada año.
Fondo Mexicano del Petróleo y los recursos destinados para la investigación científica y el desarrollo tecnológico
En lo que respecta al monto destinado a la ciencia y la tecnología, se modificó la iniciativa de Enrique Peña Nieto. Ésta contemplaba un monto máximo de hasta cinco mil millones de pesos para la investigación. En la sesión de las Comisiones Unidas, PAN y PRI establecieron que el porcentaje de ingresos del sector petrolero destinado para tal efecto deberá “crecer” de acuerdo con la recaudación generada por la explotación de los hidrocarburos.
Estas transferencias de recursos se calcularán con base en los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos multiplicados por un factor 0.0065. El Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo seguirá manteniendo los recursos que deriven de la extracción petrolera.
Los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo designados para la investigación científica y desarrollo tecnológico serán divididos entre el fideicomiso “Fondo Sectorial CONACYT- Secretaría de Energía-Hidrocarburos”, al que corresponderá el 65 por ciento, para apoyar la investigación en materia de hidrocarburos (exploración, extracción y refinación; producción de petroquímicos, además de formación de especialistas en la materia).
El 15 por ciento de los recursos serán destinados al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo. Y el 20 por ciento al fideicomiso Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética, destinados a la investigación de fuentes renovables y eficiencia energética, para la investigación en fuentes primarias de energía y el uso de tecnologías limpias.
Se asoma raja política del PRI ante derechos de trabajadores sindicalizados
La condición del Ejecutivo Federal de que Pemex y CFE modifiquen sus contratos colectivos de trabajo y sus sindicatos orillen a los trabajadores activos a migrar al esquema de cuentas individuales para jubilaciones y pensiones, para la asunción de los pasivos, contraviene los derechos de los trabajadores e infringe los acuerdos sindicales con las empresas.
Previniendo el descontento de los sindicalizados, particularmente, el diputado Ricardo Aldana Prieto del PRI, también secretario de Finanzas del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), adelantó que propondrá una nueva redacción para el artículo tercero transitorio.
Dado que “violenta los acuerdos entre empresa y sindicato, violenta los acuerdos internacionales de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), en donde no debe haber intervención de ninguna legislación”, expresó, por lo que se reservará su discusión.
También sostuvo que este pasivo laboral no es a causa de la dilapidación de sus funcionarios y líderes sindicales, sino que los recursos (un billón 347 mil millones de pesos) se destinaron a otros gastos de la paraestatal Pemex, sin que esclareciera cuáles fueron.
Por su parte, el panista Juan Bueno Torio, secretario de la Comisión de Energía, dijo que respaldaría la iniciativa de su homólogo, Ricardo Aldana, si el sistema de pensiones de Pemex se iguala al del resto de las instancias de gobierno, pero “si es una redacción para lograr menos que lo que tiene el ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) y que lo que tiene el Seguro Social (en materia de pensiones), nosotros no estaríamos de acuerdo”.
Por lo que enfatizó en que Pemex y su sindicato deben llegar a acuerdos para que se migre al sistema de pensiones de cuentas individuales, porque ésta es la única institución gubernamental que no se ha reestructurado en este sentido.
Este sábado continúa la parafernalia
Como ocurre desde el lunes (día en que las Comisiones Unidas iniciaron sesiones), a lo largo de cinco horas, el bloque PRI-PAN-PVEM-NA, se pronunció a favor de este dictamen con 43 votos (22 de la Comisión de Presupuesto y 21 de la de Energía). En tanto que PRD, PT y MC lo hicieron en contra con 17 (10 de Presupuesto y 7 de la Comisión de Energía).
Este sábado las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía continuarán la discusión del segundo dictamen en materia de presupuesto y aspectos financieros a partir de las 10: 00 horas.
Los siete dictámenes –cuatro enviados al Senado y tres turnadas a la Cámara de Diputados– serán votados a partir del próximo lunes durante el cuarto periodo extraordinario de San Lázaro.
