En una flagrante embestida judicial que busca criminalizar la protesta social y desarticular a los movimientos populares, la Fiscalía de Santa Cruz emitió este miércoles una orden de captura contra el expresidente y líder social Evo Morales Ayma. La medida, impulsada de forma conjunta por el Ministerio de Gobierno y el bloque conservador Comité Cívico Pro Santa Cruz, acusa al exmandatario de «terrorismo» y «alzamiento armado», en lo que la dirigencia campesina ha calificado como un burdo intento por silenciar a la oposición de izquierda.
El fiscal Brayan Melgar oficializó el mandato de aprehensión señalando a Morales y a otros dirigentes sociales por supuestos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y atentados contra la seguridad del Estado. El aparato judicial del gobierno derechista argumenta que el expresidente alentó las prolongadas protestas de los sindicatos campesinos y obreros ocurridas en mayo y junio pasados, las cuales exigían la renuncia de la actual administración ante el acelerado deterioro de la economía nacional.
Sin embargo, para las organizaciones de base, estas acusaciones forman parte del uso faccioso de las instituciones para perseguir políticamente a Morales, quien desde 2024 permanece resguardado por las comunidades en su bastión del Chapare frente al persistente acoso judicial.
«No nos van a intimidar»: Evo Morales responde a la derecha
Tras difundirse el comunicado en redes sociales, Evo Morales rechazó de manera categórica la orden de captura a través de su cuenta en la plataforma X. El líder indígena de 66 años denunció que el gobierno de Rodrigo Paz utiliza el aparato penal como una cortina de humo para desviar la atención pública de la debacle financiera que asfixia a las familias bolivianas.
«No nos van a intimidar. Esta persecución política busca ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción», sentenció de forma contundente el exmandatario.
