“La Procuraduría General de la República deberá investigar el presunto desvío de 36 mil millones de pesos cometidos por funcionarios y ex funcionarios de 11 estados del país, que estaban destinados al Seguro Popular y a brindar servicios de salud”, de acuerdo con las denuncias.
De éstas, un total de 22, fueron presentadas hoy por Jacqueline Peschard, Federico Reyes Heroles y Luis Manuel Pérez de Acha, integrantes de las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero.
Los hechos denunciados están basados en los hallazgos reportados por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de las cuentas públicas que van de 2012 a 2016.
“Los delitos por los que se presentaron las acusaciones son peculado, cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades.
“La PGR tendrá que realizar las investigaciones pertinentes a partir de los datos de prueba contenidos en los informes anuales de la ASF, entre los cuales destacan: contratos celebrados con empresas fantasma, pagos carentes de documentación comprobatoria, sobreprecios pagados por los estados y no enterar el ISR retenido a los trabajadores del sector salud”, señalaron las organizaciones en un comunicado conjunto.
Las denuncias son contra servidores públicos que pertenecen o pertenecieron a las administraciones de los estados de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco, quienes tuvieron bajo su responsabilidad la administración de los recursos, informó Reforma.
