Raúl Linares / @jraullinares3_0
(20 de mayo del 2014).- Leobardo Zúñiga se encuentra casi completamente ciego. Anciano y melancólico, por las tardes se sienta a esperar que pase la vida, o quizá que el tiempo se haga más corto para un desenlace menos penoso, mucho menos precario. Trabaja porque no le gusta sentirse “inútil”, aunque las sombras del exterior se hagan cada día más pesadas. Tiene diabetes mellitus y le han diagnosticado cataratas.
En estos días suele pasar las tardes sentado en medio de platanales, cocotales y riachuelos; tiene 71 años de edad, nueve de los cuales, lleva entre los muros y cuadrantes del presidio. “Yo creía que me iba a morir ahí adentro, no lo creía cuando me dijeron que iba a salir; ahora estoy en mi casa y me tienen que ayudar para todo”, apunta.
Indígena mixteco, originario del municipio Ayutla de los Libres en Guerrero, en el año 2003, Leobaldo se encontró rodeado de policías ministeriales que lo condujeron hacia la cárcel de la región bajo la acusación de homicidio. No había ni por qué, cómo ni cuándo, sólo le dijeron: “acompáñenos”.
Desde hace cuatro años, este campesino pobre, dedicado a maquilar balones de futbol y sembrar semillas, frutas y verduras para el autoconsumo, perdió la vista ante la mala alimentación, el abandono y las duras condiciones del presidio.
Durante todo ese tiempo, este hombre de facciones marcadas por el sol, el campo, la vida, el calor y el sufrimiento, estuvo en espera, no de sentencia, sino acaso, de que le fueran explicados los motivos de su reclusión. Nunca se le pudo montar un juicio. No había pruebas. El suyo, era un aseguramiento preventivo. “Por si acaso…” Y bajo la misma fórmula salió. El encierro carecía de justificación alguna.
Un informe publicado por la organización de derechos humanos y asistencia jurídica, AsiLegal, advirtió las inconsistencias judiciales por las cueles estuvo retenido: “El caso de Leobardo Zúñiga es emblemático […]. Alrededor del 46 por ciento de las personas en internamiento en los centros penitenciarios del país se encuentran en esta condición, caracterizada por la incertidumbre jurídica que implica la dilación en las resoluciones judiciales.”
La ecuación no necesita mayor rodeo: una declaración sin tanteos que le valió la cárcel. La defensa luchó. Pero fue magra en comparación con la corrupción y el gigantismo de la burocracia. Como dicen, lo peor de la cárcel, no sólo es estar separado de la libertad, sino tener las manos atadas a una voluntad ausente, cuando no existe dinero de por medio para asegurar una buena defensa.
Los periódicos que reseñaron su caso advirtieron: “obtuvo su libertad hace unos meses por un gesto humanitario hacia él, después de perder la vista en la cárcel por una diabetes mal tratada.” Eso fue en el año 2012. Nunca se comprobó su nada. Un “gesto humanitario hacia él” y su hijo (también retenido) fue, en resumidas cuentas, el veredicto.
Población carcelaria
La razón, según fuentes entrevistadas, es simple: persiste el racismo y las deficiencias para adaptar los sistemas penales a las prácticas culturales y políticas de los pueblos indios.
Racismo y deficiencias
En el país, a pesar de existir leyes que prevén la impartición de justicia que prohíben la discriminación de raza, color o lengua, suceden casos de don Leobardo Zúñiga. Esto ocurre dadas las carencias estructurales de las agencias encargadas de ejecutarla. Estas lagunas van desde la capacitación de traductores, un marco de interpretación del derecho indígena, defensores de oficio capacitados, entre otros.
Un paradigma: Oaxaca
Para Tomas López Sarabia, director del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, este nivel de desigualdad es uno de los soportes en los cuales descansa el sistema de justicia penal mexicano, en el cual, aún persisten síntomas de “racismo” y “paternalismo” que se reflejan en el momento de juzgar a miembros de pueblos indígenas.
“A pesar de la reforma de la máxima expresión de garantismo que se desprende del artículo segundo constitucional, en la facción VIII, tiene que haber un intérprete –su papel debe de ser imparcial completamente–, como el defensor con conocimiento de lengua –el cual, debe tener la misma lengua y cultura –su papel es parcial porque definitivamente defiende. Estas dos figuras son bastante complejas y que las instituciones cuenten con ellas”, sostuvo en entrevista para REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO.
Con varias décadas en las defensa de pueblos e individuos indígenas en su natal estado de Oaxaca, en donde se calcula que:
“Es decir, una cosa es lo que dicen las legislaciones y otra que en verdad se lleven a cabo, y de ahí, las violación al derecho humano del debido proceso.”
Silencio en la montaña de Guerrero
El sistema de justicia penal, en general, no sólo no está pensado para los indígenas mexicanos, sino tampoco para quienes no entran en los cánones estéticos, políticos, culturales, edad y circunstancias económicas. El caso de Leobardo Zúñiga, es, de manera fatal, la regla y no la excepción.
Para el antropólogo, Abel Barajas, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, el cual, desde hace décadas se dedica a la promoción y defensa jurídica de los habitantes de la Montaña de Guerrero, esta situación se deriva también de que nuestro sistema de justicia penal está basado en un “modelo eurocéntrico”.
“El sistema penal de México, es un sistema que no pensado o facultado para hacer efectivo el acceso a la justicia para la ciudadanía en general pero sobre todo, para una ciudadanía que porta otra cultura, otras maneras de ser y que en términos históricos ha sido discriminada, marginada y criminalizada. Tenemos que tener claro que la visión del derecho es eurocéntrica y, en especial, la forma en que se presenta para los pueblos indígenas pues es inaccesible.”
Sin embargo, estos casos también se pueden agravar si aquellos involucrados en un proceso jurídico, son mujeres o niños. De ellos ha dado cuenta en su labor, junto a un equipo de abogados, antropólogos y sociólogos, con los cuales, diariamente, atienden a los habitantes de este lugar, a veces azotado por la violencia, los desastres naturales, la hambruna y diversos episodios traumáticos.
“A veces recurren con nosotros y no con las instancias legales, porque ya suelen desconfiar de los instrumentos ofrece el gobierno”, finalizó.
