(7 de enero, 2014).- A casi un mes de que iniciaron las construcción de Dragón Mart en Cancún Quintana Roo, el senador panista Daniel Gabriel Ávila Ruiz y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), denunciaron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se ha negado a satisfacer las denuncias populares vertidas en contra de dicho complejo comercial.
Por ello, tanto el legislador como la organización, también presentaron un amparo ante el juez del distrito en cuestión, por las omisiones que dicha dependencia ha incumplido en torno a la “autorización ilegal de impacto ambiental a nivel local”, así como posibles irregularidades a la licencia de construcción, ejecución y operación del proyecto Construcción y operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y Obras Asociadas.
“En este caso, la Profepa ha incumplido con la Ley puesto que a la fecha no se ha recibido respuesta alguna dentro del expediente en el que fueron acumuladas las denuncias populares.
“A cinco meses de presentadas las denuncias no se han realizado las visitas oculares correspondientes, por lo tanto no existen actas y mucho menos se ha dado inicio a los procedimientos administrativos de inspección y vigilancia, de acuerdo a los plazos correspondientes”, señaló Ávila Ruiz.
En específico, se señaló que dicho proyecto requería de una autorización en materia de impacto ambiental federal por: a) tratarse de un desarrollo inmobiliario que afecta un ecosistema costero; b) contemplar la construcción y operación de obras hidráulicas; c) contemplar la construcción y operación de una desalinizadora; d) contemplar actividades en un Área Natural Protegida Federal; y e) contemplar la operación de una subestación eléctrica.
Con éstas, a su vez dejaron entrever que se han vulnerado la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos al aceptar la construcción del recinto, así como los derechos humanos de la población local, primero en la información referida al impacto al ecosistema y luego con las omisiones en las que ha incurrido la misma dependencia.
Finalmente, el Senador Ávila reiteró la confianza en el Poder Judicial de la Federación para resolver conforme a derecho la resolución de este conflicto, con base en el “derecho humano a un medio ambiente sano”.
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Cabe recordar que desde que se dio a conocer la construcción de este complejo comercial y habitacional, cientos de organizaciones ambientales, comerciales y políticas iniciaron una serie de movilizaciones con el objeto de detener su erección que, al principio, iba a ser impulsado con inversión de origen china y del que finalmente se deslindaron.
Pese a todo, inversionistas y políticos locales como Felix González Canto (PRI), lograron atraer inversión privada de otros sectores para que finalmente se llevara a cabo su realización. El proyecto, a dos años de haber salido a la luz, por fin comenzó a ser edificado el pasado 10 de diciembre.
De hecho, Juan Carlos Rodríguez López, director del megaproyecto, informó en la actualidad ya tienen contemplada una la inversión inicial de 8 millones de dólares, con las cual se dará impulso a los trabajo y el deslinde de locales, mismos que albergarán a alrededor de 700 empresas de origen chino, mexicano, vietnamita, brasileño y canadiense.
Una semana después también declaró: “Hasta ahora esos son los tres primeros contratos que tenemos firmados, y tendremos más en la segunda quincena de enero; estamos buscando a los que ya nos habían hablado y que estaban interesados; la meta es tener 100 contratos ya firmados a finales de enero”.
