Ciudad de México – Este jueves fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de reforma constitucional en materia de extorsión, un paso fundamental para fortalecer la estrategia contra uno de los delitos que más afecta a las familias y a la economía del país.
La reforma, que modifica el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General que establezca un tipo penal de extorsión homogéneo en todo el territorio nacional, junto con sus agravantes, sanciones y mecanismos para combatirlo. El objetivo principal es poner fin a la “fragmentación jurídica” que obstaculiza la procuración y administración de justicia en este delito.
Una trayectora legislativa contra un crimen creciente
La necesidad de esta reforma surge ante el incremento del delito de extorsión, el cual, de acuerdo con datos previos a la aprobación de la reforma, había visto un aumento en el promedio de casos diarios en los últimos años. El delito, en modalidades como el “cobro de piso” y la extorsión telefónica o virtual, ha sido catalogado como un “impuesto criminal” que confisca ingresos legítimos y afecta la estabilidad emocional y patrimonial de las víctimas.
La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados con un amplio consenso, logrando 474 votos a favor. Posteriormente, el Senado también dio luz verde a la reforma constitucional al artículo 73.
Comentarios relevantes y el siguiente paso
Diputados que impulsaron la reforma señalaron la gravedad del problema. César Domínguez, diputado del PRI, afirmó que la reforma constitucional permitirá “enfrentar uno de los delitos que más lastima a las familias mexicanas”, al ir “por todas aquellas familias que viven con miedo de contestar el teléfono para encontrar una voz amenazante” y buscar la tranquilidad del país.
Tras la publicación del decreto, se establece un plazo de 180 días para que el Congreso de la Unión expida la Ley General en materia de Extorsión. Esta ley deberá unificar los tipos penales, sanciones y mecanismos de atención. Mientras la ley general es expedida y entra en vigor, las disposiciones federales y estatales vigentes en materia de extorsión continuarán aplicándose. Una vez que la ley general sea publicada, los códigos locales tendrán plazos para armonizarse con el nuevo marco legal unificado.
