(1 de mayo, 2014).- Las reformas al Código de Justicia militar aprobadas hoy en la Cámara de Diputados, que restringen la jurisdicción militar en los casos de abusos militares contra civiles, son un triunfo histórico para las víctimas que por años han lidiado con la impunidad, consideraron diversas asociaciones civiles que defienden los derechos humanos.
Mediante un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., el Centro de Análisis e investigación (Fundar), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., recordaron que la limitación a las jurisdicción militar es “una añeja exigencia de las víctimas de abusos castrenses, de la sociedad civil y de los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos”, por lo que resulta atinada.
Recordaron que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado mexicano modificar la legislación mediante cuatro sentencias, luego de que se comprobara la las instituciones militares se habían inmiscuido en los casos de abusos sobre civiles afectando de esta forma el acceso a la justicia.
Las reformas al código militar permitirán, mencionaron, que en un futuro aquellos casos de violaciones a derechos humanos por parte de castrenses, sean investigados por instancias militares. Anteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró “inconstitucionales” las normas incluidas en las jurisdicción militar.
Sin embargo, las asociaciones firmantes consideraron que aún quedan temas pendientes como las violaciones a los derechos humanos perpetradas por integrantes de las fuerzas armas sobre sus propios colegas, tal como lo han señalada en diversas ocasiones instancias internacionales.
El comunicado refiere que además de las considerables implicaciones jurídicas, la reforma es una deuda del Estado mexicano sobre personas como Tita Radilla, Valentina Rosendo, Inés Fernández, Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera, Reynalda Morales, Daniel Téllez, y los familiares de Bonfilio Rubio y Jethro Ramés, víctimas no sólo de abusos castrenses, sino también de instituciones de seguridad que no investigaron sus casos a pesar de haber llegado a la CIDH y la SCJN.
Por último, se congratularon por el hecho de que las reformas hayan sido aprobadas por unanimidad, a pesar de que hace tiempo las autoridades competentes no consideraban necesario modificar la jurisdicción militar, a las cuales ahora solicitaron “impulsar una agenda que apuntale la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas en lógica democrática”, tema que México padece considerablemente.
