(28 de enero, 2015).- Organizaciones de la Sociedad Civil, entre ellas defensores y defensoras de los derechos humanos, emitieron un comunicado conjunto en el que rechazan las investigaciones de la PGR sobre los hechos ocurridos en Iguala Guerrero, luego de 120 días transcurridos.
“Reprobamos la insistencia de la PGR en reafirmar la hipótesis de que los estudiantes fueron secuestrados, quemados y arrojados al basurero de Cocula, sin contar las pruebas científicas suficientes que confirmen el hecho, y por otra parte existen elementos suficientes para mantener la línea de investigación abierta y la búsqueda con vida de los estudiantes, a fin de llegar a la verdad de los hechos y al castigo de todas/os los responsables, como lo han exigido los estudiantes y las madres y padres de familia”
A su vez, rechazan el actuar de la Procuraduría General de la República al no cumplir con los acuerdos firmados con los padres y madres de los jóvenes, así como con sus representantes legales “y sin mayor explicación pretenda poner fin a la investigación que esclarezca uno de los hechos que más ha herido a nuestro país en los últimos años”
Denuncian también, que a pesar de las detenciones, no hay un solo proceso que los vincule con el delito de desaparición forzada a pesar de las evidencias claras y contundentes sobre la participación por acción u omisión de los tres niveles de gobierno, mencionando la escasa información sobre los vínculos de las autoridades con grupos criminales. Que no exista una línea de investigación sobre la participación del ejército a pesar de los testimonios, y repudian acciones militares como la ocurrida en el 27 Batallón de Infantería en Iguala Guerrero, cuando agredieron a familiares y compañeros de los normalistas a inicios de 2015.
Por lo anterior, las OSC exigen al gobierno federal:
No cerrar el caso Ayotzinapa hasta tener certeza científica y jurídica del paradero de los jóvenes, y hasta que los autores materiales e intelectuales sean sancionados.
Se garanticé la no repetición de hechos violentos como el del Iguala.
Se agoten las líneas de investigación sobre el caso y quede clara la participación de las autoridades, del ejército y de la clase política.
Se abran los cuarteles militares del país para que los padres y madres de los desaparecidos ingresen a buscarlos.
Se respeten las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que las autoridades mexicanas contribuyan en éstas.
Que el gobierno se comprometa a generar las condiciones necesarias para la seguridad del país, desmantelamiento de grupos delictivos, el cese de la criminalización de la protesta, así como de los compañeros de las normales del país.
