El escándalo que sacudió a la industria y a la política mexicana vuelve a escena. El Gobierno de México anunció que reabrirá el proceso penal contra Alonso Ancira, exdirector de Altos Hornos de México (AHMSA) y conocido como el “Rey del Acero”, por incumplir el pago millonario acordado para resarcir el daño por la venta de la planta Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Ese acuerdo que fue suscrito por las autoridades de Pemex frente al juez, nosotros consideramos que ya no es válido y por lo tanto reiniciamos el procedimiento”,
Declaró el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en la conferencia presidencial matutina.
“Vamos a hacer todas las gestiones para que esta persona asuma la responsabilidad”, sentenció.
Un acuerdo roto
Ancira había recuperado su libertad en 2021 luego de firmar un convenio que lo obligaba a devolver 216 millones de dólares al Gobierno mexicano. Los primeros pagos se cumplieron, pero después, el flujo se detuvo.
El fiscal detalló que el empresario reside en Estados Unidos, donde tiene nacionalidad, pero advirtió que se explorarán mecanismos de asistencia internacional para exigir el pago.
“Ya nos comunicamos con Pemex y vamos a darle la respuesta, eso no se puede quedar así”, afirmó.
La “planta chatarra” y una deuda que creció
La operación que originó el caso se remonta a 2013, cuando Pemex adquirió Agronitrogenados, una planta con 14 años de abandono en Coatzacoalcos, Veracruz, por un monto cercano a 650 millones de dólares. Auditorías posteriores señalaron un sobreprecio de al menos 200 millones.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno buscó recuperar la empresa y en mayo de 2023 ofreció reestructurar la deuda de AHMSA, que rondaba entre 3 mil y 5 mil millones de pesos. Sin embargo, en abril de 2023, un juzgado declaró en quiebra a la siderúrgica y nombró a la Cámara de Comercio de Múzquiz como síndico del proceso.
Un caso que arrastró a otros
El expediente también llevó a prisión al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, liberado en febrero pasado. Ahora, con el incumplimiento de Ancira, la Fiscalía promete reactivar “todos los actos procesales” para hacer cumplir la ley.
Con la reapertura del caso, la historia del “Rey del Acero” vuelve a colocarse en el centro de la atención pública, recordando que las deudas con el Estado —y con la justicia— no prescriben tan fácil.
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