(14 de febrero, 2014).- Los canales de Xochimilco dejaron de ser el agua cristalina de fotografías que los ilustran décadas atrás, para transformarse en un espacio olvidado por las autoridades de distintos niveles del Gobierno, que a pesar de la alerta que existe en torno a la pérdida del título de Patrimonio de la Humanidad, los fluentes son afectados por aguas contaminadas provenientes de unidades habitacionales, hospitales y en el caso del Río Santiago, del Reclusorio Sur.
Desde el pasado 13 de febrero del 2013, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 1/2013 a causa de la contaminación del Río Santiago ocasionada “por el vertimiento de aguas residuales provenientes del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, sin tratamiento alguno”.
Sin embargo, el tema fue puesto a debate recientemente en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), por la diputada de la demarcación, Angelina Hernández Solís, quien acompañada de académicos e investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztalapapa, señaló que tan sólo del Reclusorio Sur, se estima una descarga diaria al río Santiago que rebasa el millón de litros de aguas negras, “que se incorporan al caudal ya contaminado con escurrimientos provenientes de la delegación Tlalpan”.
La preocupación de los habitantes de la zona es de décadas atrás, señaló Adrián Ramírez, abogado de la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limeddh) en entrevista con REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO.
“Las autoridades no están educando ni informando a la población en materia de ecología sustentable. Tampoco están presionando a las diferentes empresas, clubes, o áreas de concentración como es el Reclusorio Sur para que se responsabilicen de volver las aguas que están utilizando pero de una manera ya tratada. Ese es el centro, no se están preocupando por la reinyección del agua o la recuperación del agua de las pequeñas cuencas que se generan alrededor, no salen de la lógica del ‘tubo’, de buscar el aumento del diámetro de éste o de cómo desviar el cauce, pero finalmente, tienen la idea de mandar los problemas efectivamente ‘por un tubo” y esa no es la solución”, señaló Ramírez, habitante de la demarcación y acompañante legal en el caso del Río Santiago.
Cabe recordar que el pasado 19 de octubre del 2013, la Embajada Francesa en México, en convenio con el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, anunció la inyección de 12 millones de euros para la conservación y protección de la Zona Patrimonio Mundial Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. Cinco meses después, legisladores han urgido a concretar el convenio.
“A pesar de lo que están pregonando las autoridades de la delegación [de Xochimilco], los diputados y a nivel federal, éstos no se han centrado hacia la atención de fondo sobre los problemas que nos aquejan en Xochimilco y focalizan algunos proyectos de obra pública que no impactan finalmente lo fundamental que es una modificación de las políticas públicas en materia de asentamientos urbanos”, declaró el jurista.
Con respecto a la recomendación hecha por la CFHDF, Adrián Ramírez señaló que aparentemente se está intentando cumplir con ella, sin embargo advirtió que la planta no tiene la tecnología adecuada, misma que en caso de obtenerse es costosa e insuficiente.
“Hay nuevas tecnologías que pueden ser aplicadas y sobre todo -aunque ya lo están empezando a proponer-, se debiera recuperar agua pluvial, reciclar el agua, generar baños secos, generar composta, etcétera. Es una gran cantidad de factores los que hay que tomar en cuenta y no está haciendo nada la Delegación, ni el Gobierno Federal ni el Gobierno del Distrito Federal”, indicó Ramírez.
Para emitir su recomendación, la CDHDF investigó presencialmente la problemática por la que atraviesa el Río Santiago, constatando que el Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal vierte sus aguas residuales a través de dos colectores, el primero conduce el agua hacia el cauce del río y éste desemboca en el vaso regulador de San Lucas Xochimanca, sin ningún proceso de limpieza, mientras el segundo tubo conduce las aguas hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Además, señalaron que “la planta fue construida hace más de 30 años con el objetivo de sanear el agua del Reclusorio Sur que fue diseñado para albergar a 1200 personas y en la actualidad atiende a 8, 763 reclusos, más el personal de operación y en los días de visita el número puede llegar a 12 mil personas, por lo que no tiene la capacidad para limpiarla y el restante es arrojado al Río Santiago sin tratamiento”.
El legalista señaló que no obstante existe la problemática con el Río Santiago, las autoridades -en todos los niveles de gobierno-, no hay buscado cesar en otros proyectos y megaproyectos como la Supervía Poniente, el detenimiento de operaciones del Chedraui que se construyó en Santiago Tepalcatlalpan contra la voluntad del pueblo-señaló-, la zona chinampera que sigue colapsando, la construcción de un Club Hípico en Santa Cruz Xochitepec y otros proyectos más que a decir de Adrián Ramírez, sólo van en detrimento de la población.
Y es que “con base en el diagnóstico elaborado por la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT) se comprobó el grado de perturbación que presenta el cauce del Río Santiago” señaló la CDHDF en su recomendación dirigida a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Delegación Xochimilco “al acreditar que se violan los derechos a un medio ambiente sano y el derecho al agua y al saneamiento”.
La Comisión de Derechos Humanos del DF señaló que tanto la Secretaría de Medio Ambiente como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Delegación Xochimilco tuvieron conocimiento desde el año 2008 sobre la problemática del caso, “pero fueron omisos en respetar, proteger, promover y garantizar el derecho al agua y al saneamiento al permitir el vertimiento de aguas residuales provenientes del mencionado Reclusorio al Río Santiago”.
“Afortunadamente en Xochimilco se tiene una fuerza impresionante de sus pueblos originarios y de organizaciones que han estado defendiendo los derechos a la toma de decisiones, a la consulta, a sus usos y costumbres y en defensa de su territorio y su cultura que seguirán latentes”, señaló el jurista Adrián Ramírez.
