El Senado de la República aprobó, con el voto de Morena y sus aliados, una reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política que establece como requisito obligatorio contar únicamente con la nacionalidad mexicana para competir por la Presidencia de la República, las gubernaturas estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En caso de poseer otra ciudadanía, los aspirantes deberán renunciar formalmente a ella.
Tras una prolongada discusión, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, remitió la minuta a las legislaturas de los estados para continuar con el proceso correspondiente al Constituyente Permanente.
El bloque mayoritario obtuvo exactamente 86 votos a favor, la cifra requerida para alcanzar la mayoría calificada con el pleno completo de 128 senadores. Para concretar la votación, la bancada oficialista movilizó a suplentes de cuatro legisladores ausentes, entre ellos Octavia Hernández Farret, en sustitución de la senadora migrante Karina Ruíz, quien no pudo trasladarse desde Arizona, EEUU, por falta de permisos gubernamentales.
Toda la oposición emitió su voto en contra, postura a la que se sumó el senador del PVEM, Luis Armando Melgar, quien con anterioridad había anunciado su rechazo al dictamen.
Debate por derechos de migrantes y seguridad nacional
Durante la sesión, la oposición sostuvo de forma reiterada que la enmienda vulnera los derechos de la población con doble nacionalidad, en particular de las comunidades migrantes radicadas en el extranjero.
En respuesta, los presidentes de las comisiones dictaminadoras rechazaron los señalamientos al argumentar que la medida constituye una norma de lealtad institucional y soberanía.
Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Saúl Monreal aclaró que la enmienda no altera el reconocimiento de la doble nacionalidad vigente desde 1997, sino que responde a razones de seguridad nacional.
«La regla es clara: quien aspire a encabezar la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno deberá ser mexicano por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad», sostuvo Monreal y señaló que la doble ciudadanía puede generar compromisos u obligaciones diplomáticas frente a otros Estados.
Por su parte, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, enfatizó que la restricción es específica para tres cargos de representación ejecutiva.
«Esta reforma no está dirigida contra los mexicanos y las mexicanas que tienen otra nacionalidad, mucho menos contra nuestros connacionales (…). El objetivo es establecer una condición de lealtad institucional y constitucional para quienes reciban del electorado la responsabilidad de conducir un Poder Ejecutivo», precisó Huerta.
Así, concluyó que la norma distingue entre el derecho general a conservar dos nacionalidades y el compromiso excepcional de asumir la titularidad de un gobierno.
