- Las acciones de reestructura y condonación implementadas por Infonavit y FOVISSSTE habían beneficiado a millones de familias
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la estrategia aplicada por su gobierno para atender los créditos considerados impagables del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y rechazó que las medidas representen un riesgo para las finanzas del organismo. Durante una gira por Puebla, sostuvo que las quitas y condonaciones buscan corregir condiciones que provocaron que algunos trabajadores mantuvieran deudas durante años sin lograr liquidarlas.
La política forma parte de la estrategia federal de Vivienda para el Bienestar, que contempla la construcción de nuevos hogares y la regularización o reestructuración de financiamientos existentes. El gobierno ha señalado que los créditos otorgados bajo esquemas anteriores pueden haber generado incrementos en los saldos debido a tasas de interés, actualizaciones y mecanismos vinculados al salario mínimo o a unidades indexadas.
En octubre de 2024, el gobierno federal anunció el congelamiento de saldos y mensualidades de alrededor de 2 millones de créditos del Infonavit contratados antes de 2013. Posteriormente se plantearon distintas alternativas, entre ellas reducciones de saldo, disminución de intereses, reestructuras y liquidaciones para los casos que cumplen con los criterios establecidos.
La política se extendió también al FOVISSSTE. En 2025, el Ejecutivo federal emitió un decreto para congelar saldos, aplicar quitas, reducir intereses y condonar créditos considerados impagables, con una meta inicial de 400 mil financiamientos.
De acuerdo con información oficial, las acciones de reestructura y condonación implementadas por Infonavit y FOVISSSTE habían beneficiado a millones de familias. El programa busca que los trabajadores puedan conservar sus viviendas y obtener certeza sobre el monto que deberán cubrir, en lugar de enfrentar saldos que aumentan con el tiempo.
La administración federal sostiene que la vivienda debe ser atendida como un derecho social y que el modelo de financiamiento debe evitar que los trabajadores permanezcan indefinidamente sujetos a créditos cuyo saldo resulte desproporcionado frente a sus posibilidades de pago.
El Programa Nacional de Vivienda 2026-2030 también reconoce la necesidad de revisar las condiciones de créditos otorgados en años anteriores. El documento oficial plantea mecanismos como reducción de tasas, congelamiento de saldos, quitas, reestructuras y condonación de intereses para disminuir las cargas financieras de los derechohabientes.
La estrategia contempla además nuevas viviendas, regularización de propiedades y acciones dirigidas a trabajadores de menores ingresos. Con ello, el gobierno busca atender tanto el rezago habitacional como los problemas derivados de financiamientos contratados bajo esquemas anteriores.
