Ilustración: Pe Aguilar
(06 de octubre, 2014).- Durante el sexenio de Felipe Calderón y el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo inició 34 averiguaciones previas sobre fosas clandestinas.
Pese a que el número de víctimas encontradas en la tierra supera las 1 300, poco se ha hecho por identificar los cuerpos o encontrar a los responsables.
Según datos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR, de los 1 273 cadáveres encontrados de 2006 a 2013, sólo 142 ya fueron asociados a una identidad, esto representa el 11 por ciento de las víctimas.
En 2013 se encontraron 419 cadáveres en todo el territorio, de ellos, sólo se logró identificar al ocho por ciento. Ese porcentaje se basa únicamente en los reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien contabilizó 419 cadáveres encontrados, de los cuales 386 continúan como N/N.
En contraste, para el mismo año la PGR señaló haber identificado 51 cadáveres, lo que representa una diferencia de 18 personas.
A través de la solicitud de información 0001700002314 se cuestionó a la PGR sobre el procedimiento que sigue tras encontrar un cadáver, la respuesta fue: “después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos se desprende que no se cuenta con un protocolo específico donde se pronuncie el procedimiento a seguir después del hallazgo de un cuerpo”.
Más adelante, la Dirección General de Asuntos Jurídicos enlista Protoclos de Actuación de otras instituciones, las cuales se usan como base. Entre el listado de direcciones electrónicas aparece una búsqueda en el navegador de Google, como si el nombre del protocolo hubiera sido colocado en la barra principal del navegador.
En otros documentos se observa el listados de fosas, a un lado, en la columna relativa al número de osamentas halladas, aparece la leyenda de “SIN IDENTIFICAR”, de esa manera se clasifica aquellos casos en que una dependencia localizó la fosa pero otro nivel de gobierno, regularmente el local, continuó la investigación, situación que propicia no existan datos certeros que contemplan la información de los tres niveles de gobierno.
