Las acciones de inconstitucionalidad contra los gobernadores y congresos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua por parte de la Procuraduría Genera de la República (PGR), fueron admitidas por la Suprema Corte y turnadas a ministros quienes establecerán si proceden o no.
Hasta entonces, las reformas y leyes anticorrupción impulsadas por Javier Duarte, Roberto Borge Angulo y César Duarte respectivamente, continuarán vigentes.
De establecerse su anticonstitucionalidad, los eventuales nombramientos de funcionarios y resoluciones de ellas emanadas, seran declarados inválidos.
Hace unos días, al imponer dichas acciones, la PGR informó que buscará que “ la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierta que las entidades federativas mencionadas carecen de facultades para crear sus sistemas locales anticorrupción sin que se hayan publicado las leyes generaciones correspondientes y lo que es mas que se advierta que no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias”.
